Tegucigalpa. Honduras enfrenta una creciente amenaza a su salud democrática y a los derechos ciudadanos: la proliferación de pinchazos telefónicos, grabaciones clandestinas y filtraciones selectivas de audio. Lo que comenzó como incidentes aislados se ha transformado en una peligrosa tendencia que erosiona la confianza en las instituciones y sumerge la esfera política en un clima de vigilancia constante.
Expertos y analistas coinciden en que el verdadero riesgo no reside solo en las grabaciones, sino en el uso político y descontextualizado de esta información interceptada, especialmente si detrás del espionaje se encuentra el propio Estado sin el debido respaldo legal. En un entorno electoral ya polarizado, la normalización de la vigilancia difumina la línea entre seguridad nacional y persecución política.
La Intimidad Perdida: Casos que Ilustran la Peligrosa Tendencia
La práctica de la grabación encubierta ha tocado a figuras de todos los niveles en los últimos años:
- Vínculos Narcotraficantes: Grabaciones antiguas expusieron reuniones entre figuras políticas, empresariales y narcotraficantes.
- Caso Sedesol: Una conversación grabada por la propia protagonista terminó incriminándola.
- Complot contra Zelaya: Llamadas telefónicas filtradas condujeron a la acusación de cuatro personas por el supuesto complot para asesinar al expresidente Manuel Zelaya Rosales.
- Tensiones Electorales: Más recientemente, una conversación entre magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) salió a la luz, revelando disputas internas.
El Caso Ochoa y la «Irresponsabilidad» del MP
El epicentro de la controversia más reciente es el Ministerio Público (MP). El consejero del CNE, Marlon Ochoa, entregó al fiscal general, Johel Zelaya, una memoria USB que, según él, contenía audios de una consejera electoral y un jefe de bancada en presuntas conversaciones sobre manipulación de resultados.
El fiscal Zelaya, sin embargo, generó una fuerte crítica al presentar públicamente el material y anunciar una investigación. Expertos han calificado de «irresponsabilidad» que el Fiscal General haya dado credibilidad y publicidad a los audios sin antes contar con una prueba forense que garantice su autenticidad y la cadena de custodia.
Casi de inmediato, los afectados refutaron el contenido, alegando que se trata de material «fabricado» posiblemente con tecnología de Inteligencia Artificial (IA), lo que añade un nuevo y complejo factor a la verificación de la prueba.
La multiplicación de estas filtraciones deja una pregunta urgente en el aire: ¿Quién está espiando a quién? La falta de un protocolo claro y el uso selectivo de la información interceptada representan una severa grieta en la seguridad y la confianza pública en Honduras.
