El proceso electoral hondureño de 2025 no se desarrolla bajo un clima de certidumbre política y confianza institucional. Por el contrario, los corruptos socialistas castromelistas, están imponiendo un controversial proceso eleccionario, lleno de abusos con la finalidad de ganar las elecciones a como dé lugar, para perpetuarse en el poder mediante mecanismos de manipulación electoral y control institucional.
Las “diabluras eleccionarias” no son hechos aislados, sino sistemas de un sistema que utiliza la verborrea socialista para legitimar prácticas autoritarias. En casi cuatro años de gobernanza el Partido Libre, ha instaurado una dominación estratégica sobre los órganos rectores del proceso electoral. Al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Registro Nacional de las Personas (RNP), los han convertido en espacios de disputa partidaria, donde las decisiones responden a cálculos políticos antes que a criterios técnicos. La independencia institucional del CNE, principio fundamental de toda democracia, se ha erosionado progresivamente, generando un escenario propicio para la manipulación del voto y el debilitamiento de la confianza ciudadana.
Los problemas en el censo electoral son una muestra clara de esta desviación. Las denuncias sobre registros duplicados, traslados irregulares de votantes y falta de depuración efectiva del padrón electoral revelan un sistema vulnerable. La ciudadanía, en vez de percibir garantías, observa con recelo la falta de transparencia y la ausencia de auditorías creíbles. Este deterioro no es casual: responde a una estrategia castromelista que busca mantener márgenes de maniobra en territorios donde han perdido respaldo. A ello se suma la utilización de los programas sociales con fines electorales. Las transferencias económicas, los bonos de alivio y las ayudas condicionadas se han convertido en instrumentos de presión política. En los sectores más pobres, donde el Estado debería actuar con neutralidad y sentido social, se promueve una relación clientelar entre la población y el Partido Libre. De esta forma, el asistencialismo reemplaza a la política pública, y la lealtad partidaria se impone sobre la autonomía del ciudadano. En el terreno mediático y digital, el control se ejerce a través de la desinformación y la propaganda oficial. Los recursos del Estado son utilizados para promover la imagen de la presidenta y su movimiento político, mientras se desacredita a los opositores o a quienes denuncian irregularidades. Paralelamente, el discurso del “pueblo contra los grandes empresarios” es empleado para justificar la concentración del poder y deslegitimar toda critica. No menos preocupante es la normalización del “voto asistido”, una figura que, en contextos de alta vulnerabilidad, se presta a manipulación. Lo que debería ser un mecanismo de inclusión se ha transformado en un instrumento de control social. En muchas comunidades rurales, el miedo a perder un beneficio o el acoso político impiden que el sufragio sea verdaderamente libre. Sumado a todas estas diabluras electorales, también están intimidando por la vía de la inteligencia digital, al crear videos falsos para implicar lideres importantes del Partido Nacional en conspiraciones inexistentes, con el fin de fomentar la “perturbación electoral” y desestabilizar a los opositores democráticos.
Estas prácticas, más que simples irregularidades, configuran un modelo de dominación electoral que amenaza la esencia misma de la democracia. El fraude ya no se comete solo el día de la elección; se construye con anticipación mediante la captura institucional, la coacción económica y la manipulación mediática. Ante tales picardías de los mañosos del Partido Libre, los políticos opositores democráticos y de la sociedad civil tienen que emprender una tarea doble: denunciar con evidencia, pero también movilizar con firmeza y esperanza. Solo el voto masivo, consciente y vigilante puede neutralizar las trampas diabólicas que instruye cometer la embrujada oligarquía familiar Zelaya-Castro. La protección de la transparencia electoral no solo es una causa partidaria, sino una exigencia nacional.
