El magistrado propietario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán Aguilera, emitió un contundente comunicado en el que denuncia supuestas actuaciones ilegales cometidas por dos de sus colegas dentro de la institución, a quienes acusa de emitir resoluciones sin el quórum legal requerido y de usurpar funciones que corresponden exclusivamente al Pleno del Tribunal.
Morazán sostiene que en las últimas semanas se han realizado actuaciones y emitido decisiones “de dúo de magistrados”, sin la presencia del tercer integrante del pleno, lo que, de acuerdo con la Ley Orgánica y Procesal Electoral (LOPE), invalida cualquier sentencia o resolución. “Por mandato legal únicamente existe una sentencia del Tribunal de Justicia Electoral cuando es emitida por su pleno legal de tres magistrados”, subrayó el funcionario, enfatizando que “no existe en derecho sentencia de uno o dos magistrados del TJE”.
El magistrado denunció además que uno de los integrantes recusados del pleno habría participado en las resoluciones, aprovechando su condición de presidente para autoconvocarse y resolver casos en trámite sin cumplir con las condiciones legales establecidas. Afirmó que estas acciones se realizaron con “celeridad inusitada” y sin convocar a todos los magistrados propietarios, lo que representa una “simulación de convocatoria” y una violación abierta al debido proceso.
Morazán también alertó que los intentos de reformar la Ley Orgánica y Procesal Electoral por parte de dos magistrados equivalen a “legislar desde el Tribunal”, una función que corresponde únicamente al Poder Legislativo. Según indicó, esas acciones buscan imponer normas ajenas al marco legal vigente y alterar la estructura del propio TJE, lo que consideró un atentado contra la institucionalidad y la Constitución de la República.
En su mensaje a la ciudadanía, Morazán fue enfático: “No todos los funcionarios que identifiquen como cercanos a sus preferencias actúan conforme a la ley, ni todos los que consideran contrarios a ellas actúan contrariándola. Afinemos la mirada a los hechos y no nos dejemos confundir por narrativas con intereses particulares o prejuiciadas”.
Finalmente, el magistrado recordó que “ningún funcionario o empleado, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes ilegales o que impliquen la comisión de delito”, y solicitó a las autoridades competentes concluir las investigaciones en curso y deducir las responsabilidades correspondientes.
