Pese a la advertencia formal de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, el jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Leonel Hernández, volvió a pronunciarse públicamente sobre el proceso electoral, en abierta contradicción con la instrucción emitida por la autoridad que constitucionalmente dirige a las Fuerzas Armadas durante los comicios.
El jefe militar confirmó que este oficial fue retirado de la línea de mando, aunque no explicó por qué la investigación no fue remitida al Ministerio Público ni por qué insiste en abordar públicamente un tema que no le compete según la ley electoral.
Un discurso que contradice al CNE y revive el fantasma del 9 de marzo
Hernández afirmó que el retraso de buses con material electoral el 9 de marzo, durante las elecciones primarias, fue “un experimento que les funcionó” y aseguró que varios oficiales fueron separados por manipulación de informes y por su participación en el sabotaje. Sus declaraciones contrastan con sus propios pronunciamientos anteriores, donde negó cualquier participación militar en el incidente.
Estas contradicciones han alimentado la percepción de que existe una estructura interna dentro de las Fuerzas Armadas operando al margen de la Constitución, sin control civil real y con capacidad de intervenir en procesos electorales.
Preocupación por pretensión de controlar actas y transporte electoral
En días recientes se reveló que Hernández ha gestionado acceso a actas electorales, supervisión del transporte y control del flujo de material electoral, funciones que no están contempladas en la Constitución ni en la normativa vigente. Incluso, la presidenta Xiomara Castro respaldó al jefe castrense, generando más dudas sobre la separación de poderes y el respeto al CNE como autoridad máxima en la materia.
Analistas han advertido que estas conductas representan un desafío directo a la autoridad electoral y reactivan temores históricos sobre la influencia militar en procesos políticos.
La población ya no confía en las Fuerzas Armadas
Las declaraciones de Hernández han provocado un fuerte rechazo en sectores de la sociedad, que consideran que el jefe castrense habla con un nivel de protagonismo político impropio para un militar en funciones. Para muchos ciudadanos, los hechos del 9 de marzo dejaron claro que las Fuerzas Armadas dejaron de ser un árbitro neutral y hoy generan más desconfianza que seguridad.
Analistas y organizaciones civiles recuerdan que Honduras arrastra un largo historial de intervenciones militares en procesos electorales y que el país no puede avanzar hacia elecciones pacíficas si la institución armada insiste en tener voz, voto y control sobre funciones que solo competen al CNE.
Tensión institucional en aumento
El choque entre el CNE y el jefe del Estado Mayor Conjunto se produce en un momento crucial, cuando el proceso electoral demanda absoluta claridad, neutralidad y respeto a las normas. Pero el pronunciamiento de Hernández desde el extranjero, ignorando la instrucción directa de la presidenta del CNE, agrava la crisis institucional y expone la fragilidad del control civil sobre las Fuerzas Armadas.
A falta de una respuesta oficial, el país sigue atento al próximo movimiento de una institución militar que hoy enfrenta una de las mayores crisis de credibilidad pública en décadas.
