Tegucigalpa, Honduras — El Poder Judicial hondureño declaró «inadmisible» la solicitud de antejuicio presentada por el Ministerio Público (MP) contra los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia y Mirian Suyapa Barahona.
Sin embargo, horas más tarde el Ministerio Público no tardó en reaccionar informando sobre la presentación de requerimientos fiscales contra los funcionarios. Asimismo, urgió al poder judicial para que acelerará la notificación de la resolución para emtir la decisión.
Según informó Melvin Duarte, oficial de comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), la decisión del órgano colegiado Ad-Hoc fue unánime.
El argumento central esgrimido por la Sala Ad-Hoc es que los magistrados del TJE no gozan de la prerrogativa de antejuicio, tal como lo establecen el artículo 47 de la Ley Orgánica y Procesal Electoral y el artículo 421 del Código Procesal Penal. El fallo sostiene que estos magistrados poseen las mismas prerrogativas que los jueces de la Corte Suprema, pero que la ley citada elimina el derecho al antejuicio.
La resolución será notificada al MP el próximo lunes 10 de noviembre. El ente acusador tendrá un plazo de 24 horas para interponer un recurso de reposición. La decisión se centró exclusivamente en la solicitud de procedimiento de antejuicio y no sobre la admisibilidad de los hechos denunciados por presunto prevaricato judicial.
Relación de Hechos Denunciados
El pasado lunes, la Unidad Especializada Contra Delitos Electorales (UECDE) presentó la solicitud de antejuicio acusando a Flores Urrutia y Barahona Rodríguez del delito de prevaricato judicial.
El MP alega que los dos magistrados, sin la participación del tercer miembro del Pleno, emitieron resoluciones contrarias a la ley al ordenar al CNE la inscripción de dos ciudadanos como candidatos a diputados.
La acusación detalla que los magistrados habrían resuelto una recusación en su contra sin seguir el procedimiento legal establecido y dictado sentencia definitiva (ordenando la inscripción de candidatos) sin que el TJE estuviera debidamente integrado, pues la ley exige la presencia de los tres propietarios o al menos dos propietarios y un suplente para sesionar y resolver válidamente.
La oposición política, por su parte, ha denunciado que estas acciones buscan acusar a actores políticos en la víspera electoral.
