La falta de tolerancia del jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roosevelt Hernández, sobre las publicaciones e investigaciones realizadas por medios de comunicación sobre la institución castrense, lo ha llevado a atacar a la prensa, pero también a realizar una especie de cacería a lo interno para dar con los militares que filtran información.
La prensa hondureña, por su parte, ha usado su única arma para defenderse: el periodismo. Otras han adoptado un tono más enfático al subrayar que tanto la legislación nacional como los tratados internacionales garantizan la libertad de expresión y de prensa.
Incluso, dos periodistas interpusieron denuncias contra Hernández: Dagoberto Rodríguez, expresidente del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) y director de Radio Cadena Voces (RCV), por difamación, estigmatización y amenazas; mientras que José Adán López, de la misma radioemisora, presentó una denuncia por haber sido vinculado al crimen organizado.
Otro medio atacado es Abriendo Brecha. En los titulares del periódico digital de las Fuerzas Armadas han emitido calificativos sobre su labor informativa. Los ataques, incluso, van contra su director y fundador, Rodrigo Wong Arévalo, a quien llamó “sicario de la verdad”. En la publicación también incluyeron al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, Juan Carlos Sierra, y al director de RCV.
Abriendo Brecha, un medio de comunicación televisivo, ha dedicado varias editoriales a Hernández, en los que, entre otras cosas, le recuerda con tono desafiante que “su jefe es la Constitución”.
“Los periodistas no somos portadores de armas de fuego, nuestra única arma es nuestra voz, nuestro pensamiento, y si tenemos poder, este radica en la capacidad de expresión crítica, que, en lo que me concierne, la empleo para criticar aquellas situaciones en donde campean las injusticias”, dice un segmento del editorial Sicarios y sicariatos, publicado en mayo de 2025.
Desde ese medio de comunicación no solo realizaron varias publicaciones para defender la labor periodística como veedores de la verdad y la justicia, sino para cuestionar que las Fuerzas Armadas han sido apartadas de sus propósitos para “ponerlas al servicio de un proyecto político, del que Roosevelt Hernández pareciera formar parte”.
“Los ataques que nos dedican a través de su pasquín digital, no nos hacen daño. Más bien, nos permiten que los ilustremos para que no sigan empleando indebidamente el término sicario, que es aplicable a toda aquella persona que mediante el uso de las armas mata a otra persona. Y nadie más que los militares están expuestos a usar las armas para acabar con vidas humanas, algunas veces en defensa propia, pero infinidad de veces por el prurito de hacerlo o por encargo”, continúa el editorial.
Por su parte, Rodríguez denunció de forma pública que “nunca en la historia de las Fuerzas Armadas, aún cuando estaban en la época de la Guerra Fría, que estaban con la doctrina de la seguridad nacional, nunca habían atacado tanto a la prensa como lo hacen en este momento”.
Lamentó que como periodistas y medios de comunicación están estigmatizados y amenazados para que guarden silencio. “No vamos a callarnos, no vamos a silenciarnos, vamos a seguir denunciando el abuso de este gobierno”, defendió.
Rodríguez dijo que ”el temor en este momento está silenciando voces”, pues existen personas que han sido desplazadas de sus hogares y hasta del país por amenazas. En sus publicaciones y entrevistas en diferentes medios de comunicación, Rodríguez condenó que todas las campañas contra periodistas y medios de comunicación son pagadas con dinero del pueblo con la intención coartar la libertad de expresión, lo que tildó de gravísimo.
Desde RCV, además, denunciaron que el Gobierno está adquiriendo el programa Pegasus a través de una empresa Argentina, porque por “las malas relaciones con Israel ellos no los pueden comprar”. Lo que buscan, según ellos, es el espionaje telefónico a periodistas y políticos.
Los hechos denunciados por RCV se suman a otras maniobras del alto mando militar destinadas a mantener el control sobre la información que manejan los medios. Una fuente militar afirmó a LA PRENSA que existía un equipo de inteligencia encargado de investigar quiénes estaban detrás de la filtración de información dentro de las Fuerzas Armadas. También expresó temor de que les intervinieran los teléfonos.
Esta acción ocurrió meses después de que Hernández intentó querellar y obligar a 12 medios de comunicación (LA PRENSA, El Heraldo, Radio Cadena Voces, La Tribuna, Radio América, Abriendo Brecha, CHTV, Hable Como Habla, Q’Hubo TV, Hondudiario, Criterio HN y Noticias 24/7) a revelar las fuentes anónimas que les facilitaban información sobre esa institución. Luego, llegaron los ataques a través de las redes sociales, sitios web, portadas y hasta conferencias de prensa.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó al Gobierno hondureña y a la institución castrense que “las autoridades están más expuestas al escrutinio público y no deben usar el derecho penal. La reserva de fuentes protege el derecho de periodistas a no revelarlas”.
Ataques constantes
Thelma Mejía, jefa de redacción de Telenoticias y columnista en Proceso Digital, advirtió que Hernández incurrió en una serie de vulneraciones que, seguramente, no fueron advertidas por sus asesores o estrategas.
En la columna, titulada “No es por ahí, General”, dijo que muchas de las declaraciones y publicaciones realizadas se traducen en una “estigmatizando de forma directa al gremio periodístico”, pero también contra tres periodistas específicamente.
“El general Hernández ha optado por el camino del ataque y la confrontación, sigue empeñado en que los medios y periodistas le revelen las fuentes periodísticas para ir tras la ‘caza’ de quienes revelan interioridades castrenses bajo la norma de la confidencialidad, un derecho que asiste a los periodistas en la búsqueda de información que estima es confiable y de interés público”, escribió.
CPH alerta sobre ataques del gobierno contra medios en Honduras
Mejía aseguró que, con esta acción, se evidencia que Hernández no quiere que se conozca lo que sucede al interior de la institución castrense, especialmente después de lo ocurrido el pasado 9 de marzo, durante las elecciones primarias, cuando los vehículos que transportaban las maletas bajo custodia militar tardaron 15 horas en recorrer rutas que normalmente duran 15 minutos.
LA PRENSA Premium y El Heraldo Plus revelaron en marzo pasado la elaboración de dos informes militares que responsabilizaban a un general, a dos coroneles y a dos subtenientes del boicot a las elecciones primarias, pero tras una reunión entre el expresidente y asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales y Hernández se realizaron cambios.
Las fuentes militares consultadas por este medio reafirmaron que los informes con la versión original de los hechos fueron alterados por orden de Zelaya Rosales antes de ser entregados al Ministerio Público (MP).
La divulgación de estos hechos generó molestia en Hernández, quien señaló a cinco coroneles como traidores y los acusó de filtrar información a los medios de OPSA y a Cossette López, expresidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre informes que evidencian el caos generado por mandos militares en las pasadas elecciones primarias.
El jueves 6 de noviembre, Hernández dijo en una entrevista realizada en Brasil que sacaron a un militar de la línea de mando por ser sospechoso de acciones expuestas en una serie de audios recién filtrados por el oficialismo en el que la consejera López afirma que tienen una parte de las Fuerzas Armadas de su lado y que se asegurará que la institución se encargue del transporte en las elecciones generales.
El partido de Gobierno y la Fiscalía, bajo control oficialista, sostienen que las grabaciones son auténticas, mientras que la oposición sostienen que se generaron con inteligencia artificial (IA) y se manipularon.
Estas acciones son parte de la estrategia de Hernández para deshacerse de personas, como él mismo ha dicho, que supuestamente filtran información a la prensa, en una guerra que arrastra a una docena de medios de comunicación.
El último ataque fue contra Jorge Canahuati, presidente de Grupo OPSA, casa editora de LA PRENSA y El Heraldo. El jefe de las Fuerzas Armadas lo responsabilizó de orquestar una campaña pública en su contra y la institución castrense en medio del proceso de elecciones, sin embargo, Proceso Digital afirmó en una nota periodística titulada «Libertad de expresión en precario: Roosevelt acusa a presidente de OPSA de orquestar campaña contra FFAA» que “este caso evidencia la fragilidad de la libertad de expresión y la tensión institucional en Honduras” de cara a las elecciones generales.
Para la SIP, todas estas ofensivas muestran que “desde el poder se promueven ataques sistemáticos contra periodistas y medios que informan sobre la administración de la presidenta Xiomara Castro”.
Respaldo internacional
Muchos de los medios asediados por las Fuerzas Armadas por publicar investigaciones o denunciar irregularidades dentro de la institución castrense no han tenido una respuesta confrontativa, al contrario, se han amparado en la normativa, acuerdos y tratados nacionales. También han buscado respaldo en organismos internacionales, que con mucha fuerza han condenado la acción de la institución castrense.
La Tribuna ha replicado los comunicados del Colegio de Periodistas de Honduras, la SIP y Artículo 19, en los que reflejan que se trata de campañas de desprestigio, intimidación y criminalización periodística.
“Constituye un grave atentado contra la libertad de prensa y un intento inaceptable de intimidar al periodismo crítico”, replicó ese medio sobre el comunicado de la SIP.
Lo mismo ha hecho Q’Hubo TV, Hondudiario y Noticias 24/7, que han realizado una labor más informativa, consultando, incluso, a organismos de derechos humanos sobre la violación a la libertad de prensa y de expresión.
Proceso Digital, por su parte, hizo una crónica sobre los ataques que el jefe de las Fuerzas Armadas ha realizado contra los medios desde junio de 2025. En la publicación, el medio llamó “ola de ataques hacia la prensa y la libertad de expresión” las acciones de Hernández, sobre todo cuando en su “escenario de guerra” reveló que han empezado a “escudriñar” o perfilar a periodistas que estiman no son parte del rebaño que pastorea.
El medio citó una frase del jefe de las Fuerzas Armadas: “Escudriñamos la biografía de algunos de ustedes, y en la informalidad nos asustamos. Se supone que deben ser ejemplo de moral y ética, pero hay quienes se esconden para atacar desde las sombras”. A la vez, sacó a relucir los favores que han hecho a algunos periodistas y comunicadores sociales, en más de una ocasión; favores personales.
Luego, intentó matizar el impacto de sus declaraciones diciendo que ni él ni la institución castrense están contra la prensa, agregó el medio.
Esta es apenas una parte de la retórica expuesta en el reportaje, sin embargo, el medio digital afirmó que las Fuerzas Armadas en sus declaraciones han incurrido en violaciones a la “libertad de expresión y prensa: el miedo a la vigilancia estatal puede llevar a la autocensura y la restricción de la información; derecho a la intimidad y privacidad, pues la vigilancia constante sin consentimiento es una violación de la privacidad individual; libertad de reunión y asociación, ya que la vigilancia estatal puede disuadir a las personas de participar en actividades colectivas; y, seguridad personal, pues en algunos casos, el espionaje puede ser utilizado para perseguir a individuos, como periodistas y defensores de derechos humanos”.
