La narrativa impulsada por el Partido Libertad y Refundación (Libre) sobre un supuesto complot electoral recibió un golpe demoledor esta semana: tanto el «perito» como la «ONG internacional» que presentaron para validar los audios que involucran a Cossette López y Tomás Zambrano carecen de legitimidad, respaldo legal y reputación ética.
El supuesto experto Jeison Villamil, de la empresa colombiana Private Investigation Technology (PTC), confesó públicamente que fue Libre quien los contrató. Y como si no bastara con eso, lo acompañó Rodrigo Alberto Ricaurte Núñez, quien se presentó como “Director General para América Latina y el Caribe de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos”. Pero esa comisión es un cascarón vacío y Ricaurte arrastra un oscuro historial judicial.
Una ONG fachada y sin vida jurídica
Según documentos oficiales de Ecuador, la ONG que Ricaurte dice representar está fenecida desde hace más de dos años. No tiene directorio vigente, carece de autorización para operar, y ha sido denunciada por estafa, uso indebido de logos de la ONU y venta de títulos de ‘cónsul de paz’ por sumas entre 1 y 2 millones de pesos colombianos.
Así lo reveló el periodista e investigador Leonardo Pineda, quien en sus redes escribió con ironía:
“Pucha, hay unos que no pegan una (…) acompañó la ONG ‘Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos’, el Sr. Rodrigo Ricaurte. Aquí les dejo algo sobre ese caballero y su ONG…”
Y remató con un refrán cargado de sarcasmo:
“Bien decían mis ancestros: el excremento, entre más se revuelve, más apesta”.
Pineda compartió múltiples enlaces y archivos que muestran cómo esta «ONG» vende credenciales falsas en Colombia y Ecuador. En efecto, figuras como Epa Colombia, Lorena Murcia y hasta una exsenadora puertorriqueña portan títulos rimbombantes como “Cónsul Mundial de Paz” que no tienen ningún respaldo legal.
Más de 30 procesos judiciales y una orden de captura
Según el sistema judicial ecuatoriano eSATJE, Ricaurte tiene al menos 40 procesos judiciales abiertos o archivados por prescripción, por delitos como:
Estafa
Hurto
Extorsión
Falsificación de documentos
Calumnia e injuria
Cobro indebido
Abuso de confianza
Delitos contra la propiedad
Además, pesa sobre él una orden de captura vigente desde 2019 en Ecuador por abuso de confianza, lo que lo mantiene en Colombia, donde también se le vincula a múltiples engaños con ONGs sin sustento jurídico.
Una puesta en escena que hizo agua
Durante la conferencia organizada por Libre en Tegucigalpa, donde presentaron el peritaje de los audios, el “experto” Villamil no supo explicar cómo obtuvo esas pruebas, admitiendo que fue una “entrega informal” y sin cadena de custodia legal.
El abogado Dagoberto Aspra, defensor de Cossette López, los encaró: “¿Quién lo juramentó como perito? ¿Qué autoridad le entregó la evidencia?”.
Villamil no supo qué responder. La sala estalló en risas, abucheos y varios asistentes abandonaron el recinto.
Una narrativa desmoronada
Lo que pretendía ser una “prueba técnica internacional” para sustentar una denuncia de complot terminó convertida en un espectáculo de improvisación, contradicciones y escándalos judiciales. La admisión de que Libre pagó el peritaje, la falta de garantías legales en la recolección de pruebas, y la oscura trayectoria del personaje que lidera la supuesta ONG defensora de derechos humanos, dejaron en ruinas la credibilidad del relato oficialista.
Mientras tanto, la justicia calla y el show continúa. Pero como bien dijo el analista Leonardo Pineda:
“El excremento, entre más se revuelve, más apesta”.
