La reciente suspensión del sistema de cómputo del Consejo Nacional Electoral (CNE) en un momento crucial —justo cuando se esperaban los resultados del Partido Nacional— no es un simple fallo técnico; es una luz de alarma que ilumina las turbias negociaciones que, según reportes, se están cocinando en la cúpula política hondureña. Mientras el país se debate en una contienda reñida entre los partidos tradicionales, la sombra de un acuerdo político entre LIBRE y Salvador Nasralla amenaza con socavar la ya frágil credibilidad de nuestro proceso democrático.
En las últimas horas trascendieron reuniones entre la candidata a diputada y esposa del presidenciable Iroshka Elvir y el ex presidente Carlos Flores Facussé.
La narrativa de la «caída del sistema» se vuelve insostenible cuando se confronta con la información sobre una presunta reunión que habría sellado un pacto: la victoria de Salvador Nasralla a cambio de impunidad y la Alcaldía de Tegucigalpa, incluyendo un manto de protección para figuras políticas que resultaron perdedoras en la votación, como el presidente del Congreso. Este tipo de transacciones, si son ciertas, revelan una clase política que prioriza el reparto del poder y la protección personal sobre el mandato popular y la transparencia.
Es particularmente preocupante la postura del Partido Liberal, cuyo propio presidente ha reconocido no contar con las actas oficiales que respalden una victoria. En contraste, el Partido Nacional ha exhibido sus actas físicas y digitales, lo que debería servir como un llamado de atención urgente al CNE y a los veedores internacionales: la base de la democracia son los documentos verificables, no los pronunciamientos sin sustento.
El dilema de Salvador Nasralla es el más complejo. Se ha autodenominado el candidato de las «manos limpias», pero su imagen de adalid contra la corrupción se desmorona ante la evidencia de negociaciones con figuras políticas históricamente cuestionadas, como Carlos Flores y Manuel Zelaya Rosales. Un acuerdo de poder que supuestamente implica otorgar impunidad no es una alianza por el cambio; es una receta para perpetuar el mismo sistema clientelar y corrupto que, en teoría, se propone combatir.
La gravedad de estos presuntos pactos trasciende nuestras fronteras. Las advertencias del presidente de Estados Unidos sobre la confiabilidad de Nasralla debido a su cercanía con Zelaya, a quien califica de «comunista», añaden una capa de presión internacional. Si bien las injerencias externas son debatibles, el timing y el contenido de estas negociaciones internas solo reafirman las preocupaciones sobre la agenda oculta detrás de la carrera presidencial.
La democracia hondureña no puede ser el campo de juego para acuerdos gestados en la oscuridad que manipulan la voluntad popular y garantizan la impunidad de la élite política. El CNE debe actuar con urgencia y transparencia para restablecer la confianza en el sistema, y los candidatos deben demostrar que su compromiso es con el pueblo y no con los pactos de poder. Si el resultado final es producto de un canje de influencias y no del voto en las urnas, Honduras estará condenada a repetir su ciclo de ingobernabilidad y corrupción.
