El abogado penalista Jaime Rodríguez señaló que, a estas alturas del proceso electoral, los funcionarios que se prestaron a lo que calificó como “extorsión judicializada” deberían estar preocupados por las posibles consecuencias legales de sus actos.
Rodríguez afirmó que existe un amplio debate sobre juicios políticos contra altos funcionarios que, según dijo, participaron en una estrategia impulsada por el partido Libertad y Refundación (Libre), la cual no obtuvo los resultados esperados.
Asimismo, denunció que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) se encuentra desintegrado debido a la postura del representante de Libre, Mario Morazán, quien se ha negado a participar en las sesiones del pleno, situación que —según indicó— afecta el funcionamiento del órgano electoral.
El profesional del derecho recordó que nadie está por encima de la ley y que la ignorancia de esta no exime de responsabilidad. En ese sentido, expresó que se espera que el Ministerio Público actúe de manera imparcial, sin selectividad política.
“Si hubo representantes de Libre que delinquieron, debe haber requerimientos fiscales; lo mismo aplica para representantes del Partido Liberal. El problema es la selectividad, pero todo el que delinque tiene que pagar”, concluyó Rodríguez.
