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Merary Díaz acusa a Libre de frenar declaratoria electoral y advierte intento de usurpación de curules

La diputada nacionalista Merary Díaz denunció públicamente que autoridades vinculadas al partido Libre estarían obstaculizando el escrutinio especial y la declaratoria oficial de las elecciones, con el objetivo de alterar el proceso democrático y retrasar la entrega del poder.

A través de su cuenta en la red social X, Díaz señaló directamente al alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, y al dirigente Manuel Zelaya Rosales, afirmando que ambos “no quieren escrutinio especial ni declaratoria de elecciones”.

Según la parlamentaria, las recientes declaraciones del presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, evidencian —a su criterio— la ruta que el oficialismo pretende imponer: realizar el escrutinio y la declaratoria desde un pleno legislativo, lo que calificó como una usurpación de curules, al permitir la participación de diputados suplentes de Libre y partidos aliados.

“Hoy el pueblo hondureño ya conoce el rumbo que pretenden imponer”, afirmó Díaz, al advertir que estas acciones representarían una violación a la ley electoral y a la voluntad popular expresada en las urnas.

La diputada también vinculó esta situación con un reciente mensaje del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, quien denunció supuestas irregularidades y solicitó ampliar el plazo del 30 de diciembre para detener lo que calificó como un “robo electoral impune”.

No obstante, Díaz cuestionó la credibilidad de dicha denuncia, al señalar que fue presentada después de haber votado a favor del mismo acuerdo que ahora se cuestiona, lo que calificó como una contradicción evidente.

“La ruta es clara: no quieren declaratoria y no quieren entregar el poder”, sostuvo la diputada nacionalista, quien hizo un llamado directo a respetar el calendario electoral y el marco legal vigente.

Finalmente, Merary Díaz exigió que se proceda de inmediato con la declaratoria oficial de las elecciones, reiterando que cualquier intento de retrasarla pone en riesgo la institucionalidad democrática del país.

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