En un acto que sumerge al país en una profunda incertidumbre jurídica, la presidenta Xiomara Castro sancionó y publicó de forma expedita en el Diario Oficial La Gaceta el decreto aprobado por la bancada de Libre que ordena un escrutinio especial de «voto por voto». Esta acción ocurre menos de 24 horas después de una cuestionada sesión legislativa dirigida por Luis Redondo, la cual se llevó a cabo sin el quorum legal requerido y con la participación casi exclusiva de diputados oficialistas y suplentes afines, ignorando la voluntad expresada en las urnas.
El decreto no solo desconoce la declaratoria oficial del Consejo Nacional Electoral (CNE) —que otorgó la victoria presidencial a Nasry Asfura—, sino que representa un golpe directo a la institucionalidad al abrogarse la facultad de realizar la declaratoria final del proceso. Al desplazar la autoridad del CNE hacia un grupo legislativo, se rompe el principio de independencia de los órganos electorales, sentando un precedente peligroso donde el partido en el poder decide qué votos son válidos y quiénes son los ganadores según su propio criterio.
La gravedad de la medida se intensifica con la orden directa al Ministerio Público para que inicie acciones penales contra las consejeras del CNE. Esta persecución judicial parece ser una represalia por haber certificado resultados que no favorecen al partido de gobierno, lo que constituye un claro intento de intimidación hacia los funcionarios que cumplieron con su mandato constitucional. La criminalización de la autoridad electoral es un síntoma alarmante de la erosión de la separación de poderes en el Estado hondureño.
Mientras la nación se concentra en este conflicto electoral, el Gobierno aprovechó la misma publicación en La Gaceta para oficializar nombramientos administrativos en el sistema sanitario, derivados del Concurso Médico 2025. Este movimiento, realizado en medio del caos político, ha sido interpretado por diversos sectores como una táctica para consolidar cuotas de poder en áreas críticas del Estado mientras la opinión pública y los partidos de oposición intentan reaccionar al desconocimiento de la elección presidencial y municipal.
El panorama para Honduras es de una fragilidad extrema, con una sociedad civil y una comunidad internacional que observan con alarma lo que se perfila como un desconocimiento del sistema democrático. Al ignorar los resultados de los cinco partidos participantes y concentrar la fuerza en una sesión legislativa irregular, el oficialismo ha puesto al país en una ruta de colisión constitucional cuyas consecuencias sociales y políticas podrían ser devastadoras en el corto plazo.
