Se confirma préstamo de mil millones a la AMDC el viernes antes de las elecciones
La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) aprobó y certificó un crédito por hasta L1,000,000,000.00 (un mil millones de lempiras) mediante el Acuerdo No. 051, contenido en el acta extraordinaria Nº 025 del 28 de noviembre de 2025, documentos oficiales a los que tuvo acceso este medio. El acuerdo autoriza al alcalde Jorge Aldana a suscribir “los documentos necesarios para el otorgamiento del nuevo crédito” y ordena gestiones para la reestructuración de la deuda pública municipal.
La publicación y certificación del acuerdo fechada apenas dos días antes de las elecciones generales del 30 de noviembre ha generado alarma entre sectores políticos, expertos en finanzas públicas y ciudadanos, que cuestionan la oportunidad, la transparencia y la idoneidad de asumir una obligación financiera de esa magnitud en la recta final de una administración saliente.
Los documentos municipales consultados establecen que la Corporación Municipal autorizó por unanimidad la operación y que la autorización se inscribe —según el propio texto— en un marco de “restructuración de la alta deuda” y la búsqueda de fuentes de financiamiento para obras de beneficio ciudadano. No obstante, el acuerdo no detalla en el acta ningún proyecto específico de inversión ligado exclusivamente a ese nuevo crédito, lo que alimenta dudas sobre el destino concreto de los recursos.
Varios analistas advierten sobre los riesgos de aprobar créditos de corto plazo o sindicados en la fase final de un gobierno municipal: la nueva administración tendrá que asumir responsabilidades por el servicio de la deuda y, en algunos casos, se le dejan condicionadas las finanzas y flujo de caja para el inicio de su gestión. Esa realidad pone en tela de juicio la prudencia fiscal del procedimiento y el respeto al principio de no comprometer recursos de gobiernos que están por cesar.
Además de la oportunidad cuestionable, surgen interrogantes sobre la transparencia del proceso: el acuerdo instruye al alcalde a “continuar con las gestiones necesarias” y a suscribir documentos con los bancos, pero no aparece en el acta un desglose público de las condiciones financieras —tasa de interés, plazo, garantías ni comisiones— que permitan evaluar el costo real del crédito para la municipalidad y para los contribuyentes capitalinos.
El hecho de que la autorización se haya elevado a “ejecución inmediata” y que el acuerdo exija la “posterior publicación en cualquier medio masivo” añade otra capa de crítica: el financiamiento fue aprobado y ejecutable al cierre del periodo administrativo sin que la población ni la nueva gestión tuvieran previamente acceso a los términos completos de la operación antes de su firma.
Juristas y especialistas en gestión pública consultados por este medio recuerdan que las corporaciones municipales y las autoridades salientes deben actuar con cautela y no implementar obligaciones que puedan comprometer la viabilidad financiera del municipio ni la autonomía de la próxima administración. Recomiendan la intervención inmediata del Tribunal Superior de Cuentas para auditar la legalidad y conveniencia del proceso, así como la publicación íntegra del contrato de crédito.
La falta de detalles sobre las garantías exigidas por los bancos acreedores preocupa igualmente: el acuerdo menciona “otorgamiento de garantías” y arreglos con instituciones del sistema financiero nacional, sin precisar si se afectarían ingresos municipales futuros, bienes de la alcaldía o la participación en tasas e impuestos que afectarían la capacidad de inversión social de la ciudad.
En defensa de la medida, fuentes de la AMDC han señalado en ocasiones anteriores la necesidad de obtener liquidez para cubrir obligaciones heredadas y dar continuidad a obras prioritarias. Sin embargo, esa explicación choca con la crítica a la forma y el momento de la operación: aprobar un crédito millonario el viernes antes de las elecciones reduce la supervisión política y la fiscalización ciudadana.
Ante la gravedad de la operación y la inquietud social, organizaciones de la sociedad civil y líderes políticos han exigido la publicación inmediata y completa del contrato, el cronograma de desembolsos, el plan de inversión asociado y el calendario de amortización. También solicitan que la próxima administración —encabezada por el alcalde electo— tenga la oportunidad de revisar y, si corresponde, renegociar o frenar cláusulas que perjudiquen el interés público.
Finalmente, expertos en finanzas municipales advierten que, más allá del debate político, la ciudadanía debe conocer cuánto costará ese crédito en términos reales (intereses y comisiones), qué implicaciones tiene para el servicio de la deuda anual del municipio y qué proyectos concretos quedarán comprometidos para los capitalinos. Sin esa información, la operación será vista por muchos como una carga intemporal e inoportuna para Tegucigalpa.
