El Partido Libertad y Refundación (Libre) enfrenta una nueva crisis de cohesión interna tras el intercambio de acusaciones entre el diputado Germán Altamirano y el director del Injupemp, Amable de Jesús Hernández. El conflicto, centrado en el departamento de Santa Bárbara, ha pasado de las diferencias estratégicas a denuncias directas de nepotismo y control hegemónico de las estructuras partidarias.
El diputado German Altamirano sostiene que la dirigencia local ha sido utilizada para favorecer intereses particulares, marcando un distanciamiento crítico entre figuras clave de la bancada oficialista.
La controversia escaló cuando Amable de Jesús Hernández calificó de «traidores» a varios congresistas de su propio partido, entre ellos Rafael Sarmiento y Edgardo Casaña, alegando supuestos pactos con la oposición. Ante esto, Altamirano calificó las declaraciones como un «arrebato desesperado» derivado de la no reelección del hijo de Hernández en el Congreso. El legislador rechazó cualquier acuerdo con otras fuerzas políticas y acusó al titular del Injupemp de traicionar la voluntad popular mediante acuerdos antidemocráticos en la conformación de las planillas.
En el eje de la denuncia figura una presunta red de influencias para el beneficio de parientes cercanos. Altamirano detalló que la familia de Hernández ocupa múltiples posiciones en la administración pública, mencionando a sus hijos en el Instituto de la Propiedad (IP) y la ENEE, una hija en el servicio consular, y nueras en el Injupemp y el Servicio de Administración de Rentas (SAR). «Hablar de altura moral cuando usaron cargos públicos para enriquecerse y acomodar a toda su familia es cinismo puro», sentenció el diputado.
Asimismo, se denunció una estrategia de exclusión dirigida desde la cúpula departamental. Según el testimonio de Altamirano, el director del Injupemp intentó manejar el partido como una «hacienda particular», solicitando el voto únicamente para siete de los nueve candidatos a diputados con el fin de asegurar el control de su grupo cercano. Esta práctica, descrita como una imposición de candidaturas mediante «acuerdos oscuros», habría dejado fuera de la dinámica de unidad a liderazgos que no se alinearon con las directrices de Hernández.
Este enfrentamiento público deja al descubierto la vulnerabilidad de la estructura oficialista de cara a los próximos procesos electorales. La pugna en Santa Bárbara evidencia que las tensiones por el manejo de los recursos estatales y la representatividad interna están fragmentando el bloque parlamentario de Libre. Mientras las bases exigen respuestas a las promesas de campaña, sus líderes se encuentran inmersos en una disputa de señalamientos que pone en entredicho la disciplina partidaria y la transparencia institucional.
