Un mensaje publicado en la red social X por el fiscal general, Johel Antonio Zelaya, confirmó la salida del fiscal Luis Javier Santos de la jefatura de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), una decisión que ha generado sorpresa, críticas y fuertes cuestionamientos en distintos sectores del país.
Según el propio Zelaya, la determinación se adopta “en aras de fortalecer y dar un mayor dinamismo al Ministerio Público” en la lucha contra la corrupción y la impunidad, asignando a Santos a la Escuela de Formación “Orlan Chávez” por un período de seis meses para labores académicas.
El anuncio, sin embargo, contrasta con el perfil y trayectoria de Santos, considerado uno de los fiscales con mayor experiencia en investigaciones complejas de corrupción, así como una de las figuras más visibles en procesos emblemáticos contra redes político-empresariales.
La remoción de Santos de la UFERCO es interpretada por analistas y sectores de la sociedad civil como una señal preocupante para la independencia del Ministerio Público, en un contexto donde la lucha anticorrupción continúa siendo una de las principales demandas ciudadanas.
Aunque el fiscal general sostiene que la medida busca reforzar la formación de fiscales a nivel nacional, críticos señalan que enviar a un investigador clave a funciones docentes equivale, en la práctica, a apartarlo de casos sensibles y de alto impacto.
En el mismo comunicado, Zelaya informó que la jefatura de la UFERCO fue encomendada a otro fiscal “con amplias y comprobadas capacidades”, sin detallar nombres ni explicar los criterios específicos de la sustitución, lo que ha incrementado la incertidumbre sobre el rumbo de la unidad.
Para diversos sectores, la decisión revive la expresión popular “mal paga el diablo a quien bien le sirve”, al considerar que Santos pasa de encabezar la principal unidad anticorrupción del país a un rol secundario, pese a los resultados obtenidos durante su gestión.
Organizaciones civiles y voces críticas advierten que este tipo de movimientos administrativos pueden debilitar investigaciones en curso y enviar un mensaje negativo a fiscales que trabajan en casos contra estructuras de poder.
El traslado de Santos también ocurre en momentos en que se exige mayor contundencia del Ministerio Público frente a la corrupción, especialmente en casos que involucran a altos funcionarios y exfuncionarios del Estado.
Mientras el fiscal general defiende la medida como una reestructuración interna, el debate público continúa creciendo, con cuestionamientos sobre si esta decisión fortalece realmente la lucha contra la corrupción o, por el contrario, representa un retroceso institucional de alto costo para la credibilidad del Ministerio Público.
