La derrota electoral del Partido Libertad y Refundación (LIBRE) marcó no solo el fin de un ciclo político, sino también el repliegue casi total del aparato gubernamental encabezado por la presidenta Xiomara Castro. Luego de que el oficialismo obtuviera apenas un 19 % del respaldo ciudadano en las elecciones generales, la administración entró en una fase de bajo perfil que ha sido interpretada como el cierre tácito de su gestión.
A pocos días de concretarse la transición hacia el gobierno electo de Nasry Asfura, el país presencia un escenario poco habitual: ministerios estratégicos sin vocería, funcionarios ausentes del debate público y una comunicación oficial reducida al mínimo, mientras crecen las demandas sociales por aclaraciones sobre decisiones adoptadas en el tramo final del mandato.
La inactividad comunicacional se extiende a dependencias clave del Estado. Áreas como Seguridad, Salud, Educación, Relaciones Exteriores, Derechos Humanos, Transparencia, Trabajo, Ambiente, Innovación, Niñez y Desarrollo Social prácticamente desaparecieron del radar informativo. Solo un reducido grupo de titulares mantuvo apariciones esporádicas, generalmente para responder a cuestionamientos o justificar acciones pasadas.
Uno de los ejemplos más visibles fue el del ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, quien reapareció públicamente tras un prolongado silencio durante el aniversario 144 de la Policía Nacional. Su intervención, alejada del tono combativo que caracterizó su gestión, contrastó con las críticas acumuladas por la persistente violencia, las masacres y los femicidios ocurridos bajo un estado de excepción reiteradamente prorrogado.
La ausencia de Sánchez también se reflejó en el ámbito digital: su última publicación en la red social X se remonta al día de los comicios. Analistas consideran que este mutismo evidencia el desgaste de una narrativa oficial que perdió respaldo ciudadano con el paso del tiempo.
En el sector Salud, la situación siguió una línea similar. La ministra Carla Paredes, nombrada en enero de 2024, se apartó del escenario público tras la jornada electoral. Su administración finalizó entre señalamientos por una compra directa de equipo médico valorada en 700 millones de lempiras, vinculada al Instituto Hondureño de Seguridad Social, y sin un informe público que resumiera los resultados de su gestión.
La Cancillería tampoco ofreció mayor claridad. En medio de asuntos sensibles para la diáspora hondureña y la política exterior, el canciller Javier Efraín Bú limitó su presencia a actos protocolarios, evitando pronunciamientos de fondo sobre temas de interés nacional.
El último Consejo de Ministros, realizado el fin de semana anterior, se convirtió en la despedida colectiva del gabinete. Versiones confirmadas indican que varios funcionarios utilizaron accesos alternos en Casa Presidencial para eludir a los medios de comunicación, una escena que refleja el clima de repliegue y cautela.
La presidenta Castro optó por encomendar el proceso de transición a un grupo reducido de funcionarios de Seguridad, Gobernación y Servicio Civil, dejando al resto del equipo ministerial al margen del protagonismo político. Aunque la decisión se ajusta al marco legal, fortaleció la percepción de una administración que se desactiva antes de concluir formalmente.
No todos los miembros del gabinete optaron por el silencio. Algunos asumieron públicamente el resultado electoral, detallaron limitaciones financieras, proyectos inconclusos y dificultades heredadas. Sin embargo, esas posturas fueron aisladas dentro de un gobierno que eligió bajar el telón sin mayores explicaciones.
En un sistema democrático, la rendición de cuentas al cierre de un mandato es esencial. Hoy, la falta de pronunciamientos oficiales y el retraimiento del Ejecutivo dejan un vacío informativo que alimenta dudas, pendientes administrativos y una transición marcada por la ausencia de liderazgo visible.
