La obligatoriedad del uso de chalecos reflectivos para motociclistas y ciclistas volvió a poner en el centro del debate una promesa gubernamental que nunca se materializó. Mientras la normativa ya se aplica en todo el país y los precios de estos implementos se dispararon, los 50 millones de lempiras anunciados por el Gobierno para apoyar a los conductores de escasos recursos siguen sin aparecer.
La inversión fue anunciada en 2025 por la presidenta Xiomara Castro como parte de una estrategia para reducir los accidentes de tránsito, especialmente aquellos que involucran motocicletas. Los fondos, según lo informado entonces, serían administrados por la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) para la compra y entrega de cascos certificados y chalecos reflectivos.
Sin embargo, el comisionado de Copeco, José Jorge Fortín, confirmó que la institución nunca recibió esos recursos. “Finanzas no transfirió el dinero”, declaró, dejando claro que el plan quedó únicamente en el papel y jamás avanzó a la fase de ejecución.
El proyecto oficial contemplaba no solo la entrega gratuita de implementos de seguridad, sino también un paquete de medidas complementarias: endurecimiento de requisitos para obtener licencias de conducir, operativos viales más estrictos, sanciones y un censo socioeconómico para identificar a los beneficiarios. Nada de esto se concretó debido a la falta de financiamiento.
Aunque el Ejecutivo emitió un decreto de emergencia publicado en La Gaceta el 20 de junio, que autorizaba la contratación directa para la adquisición del equipo de seguridad, el dinero nunca fue liberado. El diputado Carlos Umaña explicó que los fondos no pasaron por el Congreso, ya que fueron aprobados mediante un PCM del Poder Ejecutivo, pero aun así no se ejecutaron.
Pese a este vacío financiero, la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) activó el pasado 7 de enero la exigencia del uso obligatorio del chaleco reflectivo. La sanción por incumplir la norma es de 400 lempiras. Su director, José Hernández, recordó que la disposición existe desde 2015, aunque reconoció que el uso del chaleco no sustituye una conducción responsable.
En las calles, la medida tuvo un efecto inmediato en los precios. Chalecos que antes se vendían por alrededor de 65 lempiras ahora se comercializan entre 250 y 300, principalmente a través de vendedores informales. El titular de Protección al Consumidor, José Santos Cabrera, admitió que regular estos precios resulta complejo y cuestionó que la normativa se implementara sin una coordinación previa que protegiera a los usuarios.
Así, mientras los operativos continúan y la obligación es exigida por las autoridades, miles de motociclistas han tenido que cubrir de su propio bolsillo un gasto que el Estado había prometido asumir. A meses del anuncio oficial y sin explicaciones claras por parte de la Secretaría de Finanzas, la interrogante persiste: ¿qué pasó con los 50 millones de lempiras destinados a la seguridad vial?
