La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional aclaró que la reciente decisión emitida por una Corte de Apelaciones de Estados Unidos sobre el Estatus de Protección Temporal (TPS) no constituye una sentencia definitiva, sino una etapa procesal dentro de un litigio aún en desarrollo, que podría escalar hasta la Corte Suprema estadounidense.
Mediante un pronunciamiento oficial, la Cancillería hondureña lamentó que la administración de Estados Unidos mantenga su postura de cancelar el TPS, un beneficio migratorio que protege a miles de ciudadanos hondureños residentes en ese país.
“La decisión emitida hoy por la Corte de Apelaciones en torno al Estatus de Protección Temporal representa una instancia procesal más que ha sido agotada, pero no constituye una sentencia definitiva dentro de un litigio complejo que, anticipamos, podría elevarse hasta la Corte Suprema”, señaló la institución.
La Secretaría subrayó que los hondureños amparados bajo el TPS han estado sujetos durante años a una estricta supervisión federal, cumpliendo de manera rigurosa con todos los requisitos legales establecidos por las autoridades migratorias estadounidenses.
En ese sentido, recalcó que la permanencia de los beneficiarios dentro del sistema migratorio representa una prueba clara e irrefutable de conducta legal intachable, frente a cualquier señalamiento que los catalogue como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.
La aclaración surge luego de que una Corte en San Francisco, California, concediera al Gobierno estadounidense la apelación solicitada para suspender la orden judicial que mantenía vigente el TPS para Honduras. La medida permite que un tribunal superior revise y eventualmente revoque el fallo previo que favorecía también a Nicaragua y Nepal.
La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, confirmó la resolución y calificó la decisión como una “victoria para el estado de derecho”, al tiempo que sostuvo que el TPS fue utilizado de forma indebida por administraciones anteriores y reiteró que el programa nunca tuvo como finalidad convertirse en un mecanismo permanente.
El TPS, creado en 1990, otorga protección migratoria y permisos de trabajo temporales a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales, epidemias u otras condiciones extraordinarias. En el caso de Honduras, el beneficio fue concedido tras el impacto del huracán Mitch en 1998 y entró en vigor el 5 de enero de 1999.
Aunque la corte concedió la suspensión solicitada por el Gobierno estadounidense, la Cancillería reiteró que la resolución no implica la cancelación definitiva del TPS. El futuro del programa para Honduras queda sujeto a nuevas decisiones judiciales, por lo que el proceso continúa abierto.
