El asesinato del ambientalista hondureño Juan López, perpetrado en septiembre de 2024, puso nuevamente en evidencia los elevados riesgos que enfrentan quienes defienden el medio ambiente y denuncian presuntas irregularidades en la gestión pública, advirtió la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
En un pronunciamiento oficial, la organización —capítulo hondureño de Transparencia Internacional— afirmó que el crimen ocurrió en un contexto marcado por conflictos socioambientales y cuestionamientos a autoridades locales, lo que, a su juicio, demuestra la persistente exposición y vulnerabilidad de los líderes comunitarios.
Crimen pese a medidas cautelares
López fue ultimado a disparos el 14 de septiembre de 2024 cuando se encontraba dentro de su vehículo, tras salir de una iglesia en Tocoa, en el Caribe hondureño, pese a contar con medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Además de su labor como defensor ambiental, ejercía como concejal de la Alcaldía de Tocoa por el partido Libertad y Refundación (Libre). Su activismo estaba enfocado en la protección de los ríos Guapinol y San Pedro, así como del Parque Nacional Montaña de Botaderos “Carlos Escaleras Mejía”, frente a proyectos extractivos en la zona.
Escalada de tensiones previas
De acuerdo con la ASJ, en las semanas previas al asesinato se registró un aumento de la tensión en Tocoa, luego de que López denunciara supuestas irregularidades en la emisión de permisos ambientales y exigiera mayor transparencia en la gestión municipal.
La organización sostuvo que el crimen generó alarma tanto a nivel nacional como internacional, no solo por la gravedad del hecho, sino también por las interrogantes que plantea sobre la efectividad de los mecanismos de protección estatal dirigidos a personas defensoras de derechos humanos.
Proceso judicial sin sentencia firme
En el ámbito judicial, el caso ha mostrado avances limitados. Tras una primera captura de tres sospechosos que posteriormente fueron liberados por insuficiencia probatoria, el Ministerio Público detuvo a otros tres presuntos implicados, cuyo proceso se desarrolla en la jurisdicción especializada contra la criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción.
Sin embargo, según la ASJ, hasta la fecha no existe una sentencia firme y tampoco se ha establecido públicamente quiénes serían los autores intelectuales del crimen, lo que mantiene vigente la demanda de justicia integral por parte de familiares y sectores sociales.
Caso bajo observación internacional
El asesinato de López fue incorporado a la iniciativa “Guardianes Silenciados”, promovida por la ASJ con el respaldo de la Embajada Británica, cuyo objetivo es documentar casos de violencia contra defensores y analizar posibles fallas institucionales.
Para la organización, este caso evidencia la compleja relación entre la defensa ambiental, la exigencia de rendición de cuentas y las dinámicas de poder en territorios con alta conflictividad social.
En conclusión, la ASJ señaló que la muerte del líder comunitario confirma que la defensa de los recursos naturales y la lucha por la transparencia continúan siendo actividades de alto riesgo en Honduras, donde el fortalecimiento de garantías efectivas para quienes protegen el ambiente sigue siendo una tarea pendiente.
