El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) emitió un pronunciamiento público a través de la red social X en relación con la discusión del proyecto denominado “Ley de Reactivación Económica y Desarrollo Humano”, actualmente en análisis en el Congreso Nacional.
En su publicación, el CNA señaló que, si bien el Estado tiene la facultad de reorganizar su estructura administrativa y racionalizar el gasto público, advirtió que dichas medidas no deben implementarse a costa de garantías constitucionales ni del acceso efectivo a la justicia.
Riesgo en la tutela judicial efectiva
Uno de los principales puntos expuestos por el organismo es la posibilidad de que el proyecto permita reducciones forzosas de personal, incluyendo empleados por contrato y por acuerdo de nombramiento. Aunque la iniciativa contempla el pago de indemnizaciones conforme a ley, el CNA advierte que simultáneamente se estarían restringiendo acciones judiciales y suspendiendo mecanismos de control previstos en la normativa vigente.
Según el ente, esta combinación podría dejar a empleados públicos sin recursos reales para impugnar decisiones administrativas que consideren irregulares, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva.
Facultades amplias al Poder Ejecutivo
El CNA también manifestó preocupación por la disposición que faculta al Poder Ejecutivo a anular o rescindir actos administrativos previos —como resoluciones, contratos o licencias— bajo criterios que podrían resultar discrecionales.
De acuerdo con el análisis técnico difundido, sin parámetros claros ni control jurisdiccional posterior, esta facultad podría debilitar el debido proceso, generar inseguridad jurídica y concentrar excesivamente el poder decisorio en el Ejecutivo.
Alcance de la jurisdicción contencioso administrativa
Otro de los aspectos señalados es la suspensión del artículo 22 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. El CNA considera que la redacción actual carece de claridad respecto a sus efectos y podría provocar vacíos en la responsabilidad procesal del Estado ante eventuales cierres o supresiones de instituciones.
El organismo advirtió que cualquier reforma estructural debe garantizar la continuidad de la responsabilidad jurídica estatal y el acceso de los ciudadanos a mecanismos efectivos de defensa.
Finalmente, el CNA exhortó a los diputados a que, durante el tercer debate del proyecto, delimiten con precisión las facultades extraordinarias planteadas, asegurando el respeto al debido proceso y la preservación de los derechos fundamentales.
