El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) manifestó su preocupación por el proceso de aprobación de la reforma al artículo 3 transitorio del Decreto Legislativo 282-2010, al considerar que no se trata de una simple modificación a una disposición secundaria, sino de un cambio que incide directamente en la organización del Poder Judicial.
De acuerdo con el CNA, aunque formalmente la enmienda recae sobre un artículo transitorio, su contenido impacta la estructura constitucional relacionada con la distribución de competencias dentro del sistema judicial. La disposición reformada regulaba de manera provisional el ejercicio de funciones administrativas mientras se instalaba el Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, como parte del rediseño constitucional aprobado en 2010 y ratificado en 2011.
En ese sentido, el organismo señaló que tramitar la reforma bajo el procedimiento aplicable a leyes secundarias —y no mediante el mecanismo de reforma constitucional que exige ratificación en la siguiente legislatura— genera cuestionamientos sobre la legalidad del proceso utilizado.
El CNA advirtió que este precedente podría dar lugar a impugnaciones constitucionales y generar un escenario de incertidumbre jurídica. Asimismo, apuntó que la situación podría colocar a la Corte Suprema de Justicia en una posición compleja, al tener que pronunciarse eventualmente sobre una reforma que afecta su propia organización y atribuciones.
El organismo recordó que, desde la declaratoria de inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial en 2016, continúa pendiente la aprobación de una nueva normativa que permita reactivar este órgano y restablecer plenamente el sistema de contrapesos internos del Poder Judicial, conforme al diseño establecido en la reforma constitucional de 2011.
Finalmente, el CNA instó al Congreso Nacional a impulsar una discusión amplia, técnica y participativa para la aprobación de una nueva Ley del Consejo de la Judicatura y la Carrera Judicial, señalando que la estabilidad institucional y la seguridad jurídica dependen del respeto estricto a los procedimientos establecidos en la Constitución de la República.
