La estatal de telecomunicaciones Hondutel enfrenta una fuerte presión financiera luego de que embargos judiciales por un monto superior a 1,655 millones de lempiras fueran registrados en lo que va de 2026, contribuyendo a que la institución se encuentre en números rojos y profundizando su ya delicada situación económica.
Según datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, los embargos contra la Cuenta Única de Tesorería (CUT) del Estado hondureño producto de demandas laborales y administrativas ya suman 3,903.9 millones de lempiras, y Hondutel es una de las entidades descentralizadas más afectadas con embargos por 1,655.8 millones de lempiras, cifras que se traducen en recursos que la empresa estatal ya no podrá utilizar para su operación normal.
Las retenciones financieras responden, en gran medida, a sentencias y fallos judiciales derivados de demandas laborales, algunas de las cuales se remontan a años anteriores y que el Estado ha debido pagar por incumplimientos en procedimientos de despido y otros conflictos legales. Estas retenciones impactan de manera directa la liquidez de la institución, que ya enfrentaba bajas en ingresos y cuentas por pagar acumuladas en más de 1,273 millones de lempiras desde 2021, según reportes financieros recientes.
La situación coloca a Hondutel en una posición financiera crítica, pues se suma a la falta de modernización de sus servicios, la disminución de clientes en telecomunicaciones tradicionales y la necesidad de inversiones para competir en el mercado actual. Analistas económicos señalan que el peso de los embargos podría limitar aún más la capacidad operativa de la estatal y dificultar la prestación de servicios básicos de telecomunicaciones a usuarios en zonas urbanas y rurales.
El secretario de Finanzas, Emilio Hernández Hércules, ha advertido que estos embargos son consecuencia de prácticas irregulares en procesos laborales y la aparente colusión entre operadores judiciales y abogados privados, lo que obliga al Ejecutivo a considerar medidas para contener el impacto en las finanzas públicas y proteger la prestación de servicios esenciales.
Expertos en gestión pública sugieren que, para revertir esta tendencia, Hondutel requerirá de una restructuración financiera integral, así como apoyo legislativo y una revisión profunda de su administración interna, con el fin de reducir pérdidas recurrentes, mejorar sus procesos y evitar nuevos embargos que profundicen su deterioro fiscal.
