Avanza proceso de socialización de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial con nuevos sectores
El diputado del Partido Liberal, Alberto Cruz, presidente de la comisión dictaminadora del proyecto de Ley de Empleo a Tiempo Parcial, informó que esta semana continuará la etapa de socialización de la iniciativa con distintos actores nacionales, como parte del proceso previo a su discusión en el Congreso.
El legislador indicó que ya se ha recibido la postura del sector empresarial y de las centrales obreras, cuyos representantes presentaron observaciones y recomendaciones al contenido del proyecto. “Hemos escuchado a dos sectores fundamentales: la empresa privada y las centrales obreras. Ambos han fijado su posición y han aportado a la construcción de esta ley”, manifestó.
Más instituciones serán consultadas
Cruz detalló que en los próximos días sostendrán reuniones con la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Finanzas, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y el Colegio de Abogados, con el fin de enriquecer y fortalecer el articulado de la normativa.
“Queremos darle mayor solidez al texto de la ley de empleo a tiempo parcial, tomando en cuenta que existe una necesidad urgente de generación de empleo en el país”, afirmó.
Desempleo e informalidad preocupan
El congresista señaló que alrededor de dos millones de hondureños se encuentran actualmente sin empleo, mientras que de los 4.3 millones que sí trabajan, el 78 % lo hace en condiciones de informalidad o precariedad laboral.
En ese contexto, explicó que la propuesta pretende crear un marco jurídico que regule una modalidad que ya funciona en el mercado, especialmente en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), pero que carece de normativa específica.
“Al no estar regulado, muchos trabajadores por tiempo parcial no cuentan con derechos adquiridos. Lo que buscamos es darle respaldo legal a un sector que ya existe, pero que el Estado no ha formalizado”, puntualizó.
Hacia un equilibrio entre empleo y derechos
Finalmente, Cruz subrayó que el proyecto también apunta a reducir los niveles de informalidad y establecer un balance entre las necesidades del sector productivo y la protección de los trabajadores.
“La población necesita oportunidades laborales, pero también garantías. El reto es crear empleo sin vulnerar derechos”, concluyó.
