Por disposiciones del presidente Nasry Asfura, el Gobierno de Honduras proyecta un ahorro cercano a los 700 millones de lempiras en el pago de salarios, tras la eliminación e intervención de varias instituciones públicas como parte de un proceso de reorganización estatal.
La medida contempla la supresión de dependencias, cancelación de plazas y revisión de estructuras administrativas, con el objetivo de reducir el gasto corriente y optimizar el uso de los recursos públicos. Según se informó, la instrucción presidencial apunta a evitar duplicidad de funciones y fortalecer la eficiencia en la administración pública.
Autoridades indicaron que los fondos que se dejen de erogar en planillas podrán ser redirigidos a programas prioritarios, aunque el proceso ha generado reacciones por el impacto laboral que implica la salida de empleados del sector público y la necesidad de garantizar transparencia en la reestructuración.
