El hondureño Joaquín Alvarado Bueso, de 38 años, fue recluido bajo prisión provisional luego de ser presentado ante un juez de extradición en la Corte Suprema de Justicia de Honduras (CSJ), tras ser capturado en el municipio de Catacamas, departamento de Olancho, Honduras. Alvarado Bueso es requerido por una Corte de Distrito de Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados a agresión sexual infantil, delito por el cual el gobierno estadounidense solicitó formalmente su extradición. La audiencia de información, primera etapa del proceso, tiene como objetivo notificarle los cargos y avanzar con la cooperación judicial internacional para su entrega a ese país.
La detención se realizó la tarde del martes 10 de marzo de 2026, en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por autoridades judiciales hondureñas a raíz de la petición de las autoridades estadounidenses, tras investigaciones y procesamiento del caso en los tribunales de ese país. El procedimiento contó con labores de seguimiento e inteligencia por parte de unidades especializadas de la Policía Nacional de Honduras para ubicar al prófugo, quien había regresado a Honduras y residía en el departamento de Olancho desde hace más de un año, aparentemente para evadir la acción de la justicia extranjera.
Al concluir la audiencia ante el Juzgado de Extradición de Primera Instancia, el juez decidió mantener prisión provisional para Alvarado Bueso como medida cautelar mientras se revisa la solicitud estadounidense y se determina si procede la entrega del imputado a las autoridades de aquel país. El proceso en Honduras forma parte del cumplimiento de los tratados de extradición vigentes entre ambos países, que permiten que personas requeridas por la comisión de delitos graves, como la agresión sexual contra menores, puedan ser juzgadas conforme a las leyes del lugar donde se cometieron los hechos.
Las autoridades hondureñas señalaron que, tras su captura, Alvarado Bueso fue trasladado bajo estrictas medidas de seguridad a Tegucigalpa, donde permanecerá en custodia de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales en espera de las siguientes fases del proceso judicial. La extradición, de ser aprobada, permitirá que el imputado enfrente ante la justicia estadounidense los cargos por los que fue reclamado, en el marco de la cooperación internacional para la persecución de delitos sexuales y la protección de menores.
