Este lunes 16 de marzo de 2026, la consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras, Cossette López, se pronunció tras la audiencia de conciliación con el fiscal general Johel Zelaya, la cual no llegó a un acuerdo entre las partes. López aseguró que los intentos de acuerdo conciliatorio fueron infructuosos y que la querella se elevará a la siguiente etapa del proceso judicial.
“Se nos dio la oportunidad de conciliar, pero no hubo interés de acuerdo por ninguna de las partes”, señaló López. La funcionaria enfatizó que su intención es defender la verdad, su derecho al honor y al buen nombre, y aclaró que no participó en las supuestas conversaciones que se han difundido públicamente a través de audios.
Defensa del honor y la institucionalidad
López denunció que la exposición de las supuestas pruebas en medios de comunicación constituyó un daño reputacional significativo. “Fue evidente que se nos involucró, dejando claro que se referían a mí y a un diputado que ahora se encuentra en el Congreso Nacional. Contamos con las pruebas que han estado disponibles durante meses”, explicó.
La consejera afirmó que acudió a la CSJ tanto como ciudadana como funcionaria afectada, y criticó lo que considera un uso indebido de la institucionalidad para atacar el proceso electoral y a quienes integran el CNE.
Contexto electoral
Durante su intervención, López también recordó que el fallo del Tribunal de Justicia Electoral de Honduras (TJE) sobre la repetición de elecciones municipales en Guanaja es claro: la elección debe repetirse únicamente para los cargos de alcalde entre los candidatos del Partido Nacional de Honduras y el Partido Liberal de Honduras, preservando el resto de la corporación.
“Los jueces y magistrados hablan a través de sus sentencias, no por medios de comunicación ni declaraciones verbales. Tenemos que obedecer esas sentencias”, puntualizó.
Llamado a la justicia y al respeto democrático
Cossette López insistió en que la situación evidencia un declive de los valores democráticos y destacó la necesidad de que la justicia actúe sin interferencias políticas. “Estamos frente a un embate que afectó nuestro derecho al honor y al buen nombre, y confiamos en que la verdad sea amparada. La desvalorización democrática es evidente tanto a nivel de partidos políticos como de ciudadanía”, concluyó.
La querella ahora continuará su curso en juicio oral y público, y se espera que en las próximas semanas la CSJ determine responsabilidades sobre las acusaciones planteadas por la consejera contra el fiscal general.
