El procurador general de la República, Dagoberto Aspra, afirmó que la sociedad hondureña enfrenta un “desamparo” institucional ante la falta de respuestas del Ministerio Público de Honduras a las denuncias ciudadanas. Señaló que la gestión del actual Fiscal General, Johel Zelaya, no cumple con las expectativas y que un eventual cambio deberá esperar hasta 2029.
Aspra indicó que un posible juicio político contra el titular del ente acusador sigue en agenda, aunque su ejecución depende del Congreso Nacional de Honduras. Asimismo, manifestó que la población acude a la Procuraduría en busca de soluciones que, según explicó, corresponden al Ministerio Público.
En otro tema, reveló presuntas irregularidades en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones, relacionadas con una demanda de 500 millones de lempiras y convenios con el Patronato Nacional de la Infancia. También recordó que el Estado enfrenta compromisos por unos 24 mil millones de lempiras en demandas laborales y procesos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones.
Finalmente, informó que el Tribunal Superior de Cuentas realizará una auditoría a la Procuraduría para verificar el uso de los recursos públicos, y denunció que un reducido grupo de bufetes concentra la mayoría de demandas laborales contra el Estado.
