Las organizaciones JOPRODEH y ASOPODEHU se reunieron el 18 de marzo de 2026 con la ministra de la Secretaría de Derechos Humanos (SEDH), Leda García Pagán, para plantear demandas concretas en materia de derechos humanos, incluyendo el fortalecimiento del Mecanismo Nacional de Protección y el respeto al espacio cívico.
Ambas organizaciones recordaron que han sido clave en la defensa de la SEDH y del sistema de protección, destacando que su creación responde a compromisos internacionales asumidos por el Estado hondureño, especialmente en el marco del Examen Periódico Universal (EPU) y recomendaciones de organismos internacionales tras la crisis política de 2009.
Durante el encuentro, participaron Jorge Jiménez y Dina Meza, quienes lograron el acercamiento tras varios intentos fallidos con autoridades anteriores de la SEDH.
Entre los principales planteamientos, solicitaron agilizar la contratación de la persona que dirigirá el Mecanismo Nacional de Protección, a lo que la ministra respondió que el proceso está en curso y se concretaría en breve.
También pidieron revisar el segundo Plan Nacional de Derechos Humanos, señalando que fue elaborado sin la participación de varias organizaciones. La funcionaria indicó que no ha tenido acceso a dicho documento, aunque versiones anteriores apuntan a que sí fue trabajado durante el gobierno de Xiomara Castro.
Otro tema abordado fue la reducción del espacio cívico en años recientes, incluyendo cuestionamientos a procesos de selección en instancias como el CONAPREV y otros espacios de sociedad civil, donde denunciaron irregularidades y exclusión de organizaciones críticas.
Además, insistieron en la necesidad de despenalizar los delitos contra el honor, trasladándolos al ámbito civil, en línea con recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sobre este punto, señalaron que hubo resistencia por parte de la ministra.
La titular de la SEDH pidió paciencia en varios de los temas y expresó su disposición a continuar el diálogo con las organizaciones. Sin embargo, quedaron pendientes asuntos como la capacitación a fuerzas de seguridad y la protección laboral de empleados públicos.
Finalmente, las organizaciones manifestaron preocupación por la demora en la elección de la persona que dirigirá el Mecanismo Nacional de Protección, advirtiendo que esto podría retrasar cambios urgentes en favor de personas beneficiarias, cuya seguridad depende de medidas efectivas e inmediatas.
