El fiscal general suspendido de Honduras, Johel Zelaya, reaccionó a la decisión del Congreso Nacional de someterlo a juicio político, asegurando que el proceso tiene motivaciones políticas y negando que haya existido una orden de captura contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López.
En entrevista televisiva, Zelaya manifestó que recibe la decisión con serenidad, pero advirtió que enfrentará el proceso hasta el final. “Estamos preparados para asumirlo… vamos a comparecer y vamos a mostrar todas las pruebas”, expresó.
Según lo programado, Zelaya comparecerá ante una comisión del Congreso Nacional este martes a las 2:00 de la tarde, como parte del proceso de juicio político en su contra.
El fiscal suspendido reiteró que el proceso no responde a razones jurídicas, sino políticas. “Sabemos que es un tema político… no queda más que ir al pleno y explicar cada uno de los casos”, afirmó, al tiempo que solicitó que su comparecencia sea pública.
Zelaya también denunció presiones durante los procesos electorales de marzo y noviembre de 2025, asegurando que recibió solicitudes para intervenir en el manejo de urnas. “Tuve presiones de sectores para que pudiéramos entrar a secuestrar urnas”, reveló.
Asimismo, relató el impacto personal de estos hechos, señalando que recibió numerosos mensajes en su contra durante la crisis electoral, lo que evidenció el nivel de tensión en ese momento.
En relación con las consejeras del CNE, insistió en que nunca existió una orden de captura en su contra. “Jamás hubo una orden de aprehensión… lo que se había hecho era un auto motivado”, aclaró.
El fiscal defendió también su actuación en la divulgación de audios durante la crisis electoral, argumentando que actuó conforme a la ley y en defensa de la institucionalidad. “El bien jurídico tutelado no son las personas, es la soberanía y la sociedad hondureña”, sostuvo.
Zelaya rechazó además señalamientos de actuar en favor del partido Libertad y Refundación (Libre), asegurando que el Ministerio Público no responde a intereses políticos. “Yo no soy instrumento de ningún partido político”, afirmó.
En ese contexto, indicó que recibió presiones para renunciar antes de su suspensión, pero decidió continuar en el cargo. “Me solicitaron que renunciara… pero no lo hice y no lo voy a hacer”, expresó.
El fiscal suspendido sostuvo que el resultado del proceso ya estaría definido debido a su carácter político, reiterando que no existe delito que pueda probarse en su contra.
También afirmó que conoce quién podría sustituirlo en el cargo, señalando que se trataría de un fiscal vinculado al Partido Nacional, aunque dijo respetar su trayectoria profesional.
El Congreso Nacional aprobó con 93 votos la apertura del juicio político y la suspensión provisional de Zelaya, en una sesión marcada por tensiones entre las distintas bancadas.
Mientras tanto, el fiscal adjunto Marcio Cabañas asumió de forma interina la titularidad del Ministerio Público durante el desarrollo del proceso.
Zelaya concluyó con un llamado a la transparencia en el juicio político y cuestionó la solidez de las acusaciones en su contra. “No es fácil tumbar a un fiscal… vamos a ver si en realidad tienen las pruebas”, finalizó.
