Johel Zelaya en la mira: ¿qué dice la denuncia en su contra?
Por primera vez en la historia, una denuncia logra la mayoría calificada para iniciar un proceso de juicio político contra el fiscal general suspendido, señalado por presuntas irregularidades y actos contrarios a la Constitución en el desempeño de su cargo
Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional de Honduras admitió formalmente la denuncia de juicio político contra el fiscal general, Johel Zelaya, en un hecho sin precedentes que ya ha generado tensiones y reacciones en los distintos sectores políticos del país. La acción, interpuesta por un grupo de diputados, detalla una serie de causales que, según los denunciantes, justificarían la apertura del proceso constitucional correspondiente.
La denuncia, presentada ante el pleno del Legislativo, enumera como causales principales una “denuncia grave en el desempeño de su cargo”, así como presuntas actuaciones contrarias a la Constitución de la República y al interés nacional, además de señalar negligencia, incapacidad o incompetencia en sus funciones al frente del Ministerio Público.
El documento remitido por los legisladores también solicita la suspensión temporal de Zelaya durante la investigación, con el argumento de que su permanencia podría obstruir el proceso. Asimismo, se pide la conformación de una Comisión Especial que se encargue de dirigir las diligencias y presentar un informe ante el pleno del Congreso para una eventual votación sobre la destitución.
En la parte más detallada del escrito, los diputados que suscriben la denuncia fundamentan sus argumentaciones en lo establecido por la Constitución y la Ley Especial de Juicio Político, citando específicamente el artículo 234 de la carta magna como base para aplicar este mecanismo contra servidores públicos electos por el propio Congreso.
Además de las imputaciones generales, la denuncia recoge actos puntuales del Ministerio Público durante el proceso electoral de 2025 que, según los denunciantes, habrían contravenido normas constitucionales y legales. Entre estos señalamientos se incluyen actuaciones dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral, citaciones y acciones de intervención que habrían afectado la autonomía de esa institución electoral.
