EE.UU. solicita a inversores a ser «extremadamente cautelosos» al invertir en Nicaragua
Estados Unidos pidió este miércoles a los inversores ser «extremadamente cautelosos a la hora de invertir en Nicaragua», debido pues a que en el país centroamericano siguen «confiscando» la propiedad privada y desconociendo el estado de derecho.
«Bajo el Gobierno del presidente Daniel Ortega y (de) la vicepresidenta Rosario Murillo, Nicaragua sigue suspendiendo los derechos civiles garantizados por la Constitución, deteniendo a presos políticos, confiscando propiedad privada y haciendo caso omiso del estado de derecho, lo que crea un clima de inversión impredecible, plagado de riesgos para la reputación y regulación arbitraria», sostuvo Washington en el ‘Informe Clima de Inversiones 2024’.
Informe
En el informe, divulgado por la Embajada de EE.UU. en Managua, Washigton observó que el régimen de Nicaragua ha revocado el registro legal y expropiado los activos de más de 3.600 organizaciones sin fines de lucro, entre ellas grupos de defensa del medio ambiente, universidades privadas, la principal escuela de posgrado en administración de empresas, organizaciones benéficas vinculadas a la Iglesia católica, la Cruz Roja y organizaciones que brindan atención dental y sanitaria gratuita a niños empobrecidos.
Además, recordó que en febrero de 2023, poco después de expulsar a más de 200 «presos políticos» a Estados Unidos, el Ejecutivo sandinista despojó a los excarcelados de su ciudadanía nicaragüense, los eliminó del registro civil, congeló sus cuentas bancarias y confiscó sus propiedades.
Mencionó también que en 2023 «el régimen aumentó la represión contra el sector privado nicaragüense, revocando el registro legal y expropiando los activos de 19 de las principales cámaras empresariales del país».
«Las cámaras empresariales habían desempeñado durante décadas un papel crucial en el sector privado de Nicaragua como defensoras de la comunidad empresarial y de las políticas comerciales. Ahora, las empresas individuales deben relacionarse directamente con el gobierno autoritario de Nicaragua, a menudo con un mayor coste para las empresas y desde una posición negociadora más débil», afirmó.
Informe señala seis leyes «represivas»
El informe hace referencia a que, en 2020, la Asamblea Nacional (Parlamento) aprobó seis leyes represivas que alarmaron a los inversores, como una ley de agentes extranjeros que exige a las organizaciones y personas que informen sobre la asistencia extranjera e impide que cualquier persona que reciba financiación extranjera se postule para un cargo público.
Otra es la ley de protección al consumidor que podría impedir que las instituciones financieras tomen decisiones independientes sobre si prestar o no servicios a los clientes financieros, incluidas las entidades sancionadas por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC), añadió.
En el documento, EE.UU. denunció que las autoridades fiscales han confiscado propiedades tras facturas fiscales supuestamente arbitrarias y han encarcelado a personas sin el debido proceso hasta que se negociaron y pagaron los impuestos.
«En respuesta al autoritarismo cada vez más profundo del régimen de Ortega y Murillo, casi todas las instituciones financieras internacionales han dejado de otorgar nuevos préstamos a Nicaragua, y la mayor parte del financiamiento externo se reducirá en 2025», dice otra parte del informe.
No obstante, según el reporte, a pesar de la represión y la creciente pobreza, Nicaragua sigue mostrando fundamentos macroeconómicos estables, que incluyen un récord de 5.000 millones de dólares en reservas extranjeras, una carga de deuda sostenible y un sector bancario bien capitalizado.
En ese sentido, señala que los pronósticos independientes predicen que la economía nicaragüense de 17.000 millones de dólares crecerá alrededor del 3,5 % en 2024
Es así que, según Estados Unidos, la economía de Nicaragua aún tiene un potencial significativo de crecimiento si se logra restablecer la confianza de los inversionistas mediante el fortalecimiento de las instituciones y la mejora del estado de derecho. EFE
