Sólo han pasado dos años y cinco meses de legislatura, y el presidente del Congreso Nacional Luis Redondo, ha repartido de forma poco transparente unos 371 millones de lempiras como subvenciones a congresistas, alcaldías y Organizaciones No Gubernamentales (ONG).
En el 2022 entregó 25.8 millones de lempiras, en el 2023 la cifra ascendió a 222.9 millones y para el 2024 la cantidad ya suman 122.2 millones. Todo sin rendirle cuentas a nadie.
A pesar de que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) anualmente le otorga al Congreso Nacional un diploma de cumplimiento de transparencia en un 100%, en la realidad este poder del Estado está muy lejos de ser un ente rendidor de cuentas y respetuoso de la Ley de Transparencia.
Como en su portal ésta institución únicamente publica el monto general de los subsidios entregados por mes a los diputados, alcaldías y ONG, se solicitó la lista de congresistas, alcaldías y de organizaciones civiles que en los años 2022, 2023 y 2024 recibieron fondos del presupuesto del Congreso Nacional, así como la cantidad asignada por año, supuestamente para ejecutar proyectos sociales.
La Oficina de Transparencia del Legislativo pidió una prórroga de diez días, sin embargo, vencido este plazo nunca respondió. Como el IAIP se tarda a veces hasta tres años en emitir una resolución, muchos ciudadanos ahora ya no presentan recursos de revisión.
De acuerdo con la opinión de diversos sectores, la entrega de dinero público a diputados y diputadas sin dar cuentas es una práctica vieja para esconder actos de corrupción. Un mal hábito de los políticos que la administración de Luis Redondo no solo la reproduce, sino que la ha superado.
En diciembre de 2018, debido a la opacidad en el manejo de esos recursos -que en los gobiernos pasados se le llamó Fondo Departamental-, las extintas Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (Maccih) y la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad y la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público llevaron ante la justicia a cinco diputados y seis exdiputados por el presunto delito de malversación de caudales públicos, caso conocido como “Arca Abierta”.
“¿Por qué cree que al presente Congreso Nacional no le interesa la venida de una nueva misión anticorrupción? Porque investigaría esta distribución de dinero que se hace en el Legislativo y seguramente encontrará la segunda etapa del caso ‘Arca abierta’”, sostuvo Carlos Umaña, diputado del Partido Salvador de Honduras (PSH).
“Libre superó a los nacionalistas con creces. Salieron alumnos aventajados”. El problema es que las entidades auditoras, como el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), no hacen nada al respecto, tampoco el IAIP, criticó.
El congresista explicó que tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso existe un artículo que establece los fondos de ayudas sociales, “el problema es que no hay mecanismo de auditoría. La liquidación está sujeta a lo que entregan los compañeros en la Pagaduría del Congreso Nacional. El Tribunal Superior de Cuentas se supone debe de auditar esos fondos, pero no lo hace”.
Lamentó que el Poder Legislativo no publique la lista de los diputados y de las entidades que reciben subvenciones para que la sociedad le dé un seguimiento a la ejecución de los recursos financieros entregados.
