Ana María Calderón, exvocera de la extinta Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), quien manifiesta que el proyecto de elevar a rango constitucional una comisión internacional jurídicamente es inviable.
La exvocera expresó su sorpresa al ver que en el Congreso se discutía dar carácter constitucional a la CICIH. Al revisar el proyecto de ley, observó que se pretendía otorgar una personería jurídica con carácter de querellante autónomo a la CICIH. Sin embargo, señaló que esta comisión aún no existe. «Primero tiene que existir la comisión y luego darle las facultades», explicó.
Calderón identificó dos puntos preocupantes en el proyecto de ley. Primero, la intención de otorgar la figura de querellante autónomo a la CICIH, que aún no ha sido establecida. Segundo, la designación del Fiscal General como responsable de acreditar la personería jurídica como querellante autónomo a cada miembro que integre y solicite la CICIH a través de su máxima autoridad. «Esto es otra contrariedad», afirmó Calderón.
En referencia a la instalación de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Honduras (CICIH), aclaró que, para lograrlo lo que se requiere es, primero, la firma de un convenio o tratado entre el gobierno de Honduras y una entidad internacional, en este caso la ONU.
El siguiente paso sería la aprobación de este tratado por parte del Congreso Nacional, dado que no se trata de un acuerdo entre dos instituciones nacionales, sino de una cooperación técnica internacional. «Esto es lo que debe ocurrir antes de cualquier otra norma», enfatizó Calderón.
Finalmente, remarcó la importancia de considerar estos aspectos al analizar lo sucedido ayer en el Congreso, calificando el proyecto de ley como un «imposible jurídico», en términos legales.
