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Requerimiento para fiscal auxiliar por abandonar su cargo, mientras a su pareja y primo por intimidación

Tegucigalpa – El Ministerio Público presentó este viernes un requerimiento contra el fiscal Luis Fernando Triminio Molina por abandonar sus funciones sin justificación.

Cabe recordar, que el fiscal fue imputado por el MP el 21 de marzo del presente año por la presunta comisión del delito de violación agravada en perjuicio de una mujer.

En ese sentido, señaló que el imputado, quien tiene cargo de fiscal auxiliar se presentó a laborar en el centro integrado de La Ceiba fue el 18 de marzo, tres días antes de la primera acusación.

Agregó que no existe registro en los meses posteriores, por lo que se materializa el delito de abandono de funciones públicas por un lapso de tiempo no permitido y sin mediar justificación.

Por otro lado, el ente acusador también anunció un requerimiento fiscal contra la perito forense Paula Cristina Durán Martínez y el ciudadano Mario Leonel Molina Santos por los delitos de intimidación a testigos y otros provenientes en el proceso penal a título de autor.

Asimismo, fueron acusados por el delito de cohecho a sujetos procesales.

La investigación indica que la perito forense es pareja sentimental del fiscal Luis Fernando Triminio Molina, siendo la encargada de realizar el dictamen toxicológico a la droga incautada a la detenida (supuesta víctima de violación).

Por lo tanto, se señala que la doctora Durán Martínez, a sabiendas que su pareja es sospechoso de agredir sexualmente a la joven en las instalaciones del CEIN en La Ceiba, no se recusó, ni excusó para realizar el dictamen.

Sino que ella utilizó los resultados para intimidar y ofrecer dinero a la víctima del delito de violación agravada a cambio de retirar la denuncia.

El segundo imputado Mario Leonel Molina Santos, primo del fiscal auxiliar, utilizando los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a la droga por la perito forense del MP, se presentó a la casa de los padres de la víctima del delito de violación para intimidarla con su presencia y ofrecer incentivos económicos con el objetivo que la ofendida retirara la denuncia o cambie la versión, que lo sucedido fue una relación sexual voluntaria.

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