La diputada y presidente del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, se ha pronunciado en cuanto a la discusión de la Ley de Colaboración Eficaz y la Ley que dota a la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), como querellante autónomo o acusar privado que se discutirán esta semana en el Congreso Nacional, son claves para definir el futuro de la llegada de la CICIH a Honduras porque ambas figuras son solicitadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Sin embargo los discrepancias en la aprobación de las normas sigue siendo una de las principales barreras que impiden la llegada del organismo anticorrupción.
En ese sentido, al no existir acuerdo en el seno del Congreso Nacional, la parlamentaria considera que se pone en riesgo la instalación del organismo “porque ambos mecanismos están en el memorándum de entendimiento para que la CICIH pueda actuar”.
No obstante, remarca que la figura del querellante autónomo la ONU la ha caracterizado con los calificativos de independiente autónomo e imparcial.
Bajo esa línea cuestionó el proyecto de ley presentado por la diputada de Libre Hortensia Zelaya donde se mencionada la figura del querellante autónomo, no obstante, enfatiza que como se plantea “no es autónomo, porque es dependiente del Fiscal General ya que en el artículo establece que el querellante autónomo tendrá que acreditarse ante el Fiscal General”.
En tanto, remarcó que la decisión final sobre un caso si procede o no, recaería sobre el Fiscal General, “esa figura la hemos cuestionado por la forma en como la ha planteado la diputada (Hortensia Zelaya).
Mena informó que con mucho tiempo de anticipación al proyecto de la diputada de oficialismo ella propusó un proyecto de reforma al Código Procesal Penal, orientado a permitir la “figura de querellante adhesivo”, a la CICIH.
La iniciativa, contempla la reforma de los artículos 96 y 99 del Código Procesal Penal a efecto de ampliar la figura de acusador privado para que en caso de que se instale la comisión internacional pueda ser un acusador privado.
En relación a la Ley de Colaboración Eficaz la parlamentaria sostuvo que el proyecto a su juicio no debería representar un obstáculo para su aprobación.
Contrario a lo sostenido por la Bancada del Partido Nacional que asegura sería utilizada a conveniencia por políticos o funcionarios que a cambio de colaboración solicitarían protección del mecanismo, en ese sentido, sostuvo que “el colaborador no puede poner las condiciones, quien las establece es el Ministerio Público”.
Solicitud de reformas
Existe la necesidad imperativa de revisión de las leyes que representan un obstáculo para la llegada de le CICIH indicó la parlamentaria, detalló que en 2023 la ONU solicitó al Congreso Nacional información referente a la Ley de Secretos, Código Procesal Penal, Ley de Colaboración Eficaz , decreto 04-2022 y el 67-2022 para poder avanzar en el proceso.
Sobre estas normas menciona que en el caso puntual del decreto 04-2022 no solo se trata de la amnistía política porque “hay un artículo en el 04-2022 que crea a la CICIH y no es posible porque el mecanismo solo puede nacer de un acuerdo bilateral entre la ONU y el gobierno de Honduras. Ninguna ley secundaria del país, ni una reforma constitucional va obligar a la ONU a firmar el acuerdo” enfatizó.
Señaló que desconoce si se realizó entrega de esa documentación solicitada, porque la línea de comunicación se efectuó entre el CN y la ONU.
Cuestionó como atípico, en ese punto la secretividad de información en un proceso de interés nacional donde el mayor interés es que se realice de forma transparente y pública, bajo el argumento de 9 de cada 10 hondureños mantienen interés en la llegada de la CICIH.
La parlamentaria indicó que si llega a firmar el acuerdo se estima que tras la firma del convenio el proceso de instalación tardará más de ocho meses, “ por eso se planteaba realizar un pre trabajo con el Ministerio Publico; la Corte Suprema de Justicia y avanzar en un mapeo más claro de los casos para poder darle prontitud a la operatividad del organismo anticorrupción”.
Consultada sobre la investigación de casos de corrupción suscitados en periodos a partir del 2006 la diputada expresó que “a mí me parece que ha sido un juego político que no ha aterrizado en la realidad jurídica del país porque sabemos que no se puede hacer retroactivo”
Explicó que los delitos prescriben a los 10 años y no hay retroactividad en la ley salvo en materia penal en beneficio del reo del imputado.
