Maduro cumple con baño de sangre en Venezuela y ya se contabilizan 29 muertos post elecciones
El régimen de Nicolás Maduro intenta sofocar las protestas masivas en rechazo al fraude electoral de la elección presidencial del 28 de julio de 2024.
La dictadura está aplicando persecución indiscriminada, amenazas, censura y muertes selectivas que, según analistas, está inspirada en el modelo cubano.
Desde la noche en que el Consejo Nacional Electoral -dominado por el oficialismo- anunció la reelección del autócrata venezolano hasta el martes siguiente 30 de julio hubo 24 muertes.
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Todos estos asesinatos fueron en el contexto de las manifestaciones callejeras que estallaron de forma espontánea en Venezuela , reveló el coordinador del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Oscar Murillo.
Esta cifra coincide con la información levantada de fuentes policiales en forma independiente por Expediente Público.
Detenciones masivas en Venezuela
De hecho, el sábado 3 de agosto, cuando se desarrollaron nuevas manifestaciones convocadas por la lideresa opositora María Corina Machado, hubo otras cinco muertes en distintas partes de Venezuela, con lo que el saldo fatal asciende hasta el momento a 29.
“La tasa de letalidad contra las protestas en Venezuela ha aumentado dramáticamente. En solo 10 días se registró casi la mitad de las 61 muertes registradas en más de 150 días de conflictividad en el año 2019”, afirmó Murillo, al ser consultado por Expediente Público.
En lapsos anteriores de conflictividad política, las protestas y la represión se concentraban generalmente en zonas de clase media.
Ahora, de acuerdo con Murillo, “además del uso desproporcionado de la fuerza pública, se suma la masificación de la persecución política contra toda la ciudadanía”.
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Esta persecución ocurre también contra las personas de sectores populares que también tomaron las calles, marcando así una diferencia con respecto a lo sucedido en años previos.
De igual forma, la conflictividad política elevó dramáticamente el número de heridos o lesionados. En la semana posterior a los comicios presidenciales, los cuerpos de seguridad tomaron nota de 305 casos de personas que llegaron a los hospitales con algún tipo de lesión. Algunas de ellas pasaron a engrosar la lista de fallecidos en esos días.
Colectivos arremeten en Venezuela
Según el portavoz de Provea, el 62,5% de las víctimas fatales reportadas hasta el martes 30 de julio tenía heridas por proyectiles en el pecho, cuello o cráneo.
Este porcentaje excede en mucho a los cálculos hechos a propósito de las muertes en otros ciclos de protestas.
En 2014, por ejemplo, los heridos por armas de fuego representaron el 16.1% del total de víctimas.
La focalización de las heridas en la mitad superior del cuerpo de las víctimas sugiere que los perpetradores se encontraban a escasa distancia. Según el coordinador de Provea, al menos nueve de estos homicidios fueron ejecutados por miembros de grupos armados no estatales, conocidos como colectivos.
Estos son los casos en los que se posee alguna evidencia a través de testimonios. La cifra podría ser mayor.
El episodio con mayor número de víctimas en este ciclo de manifestaciones ocurrió en la redoma de San Jacinto, en Maracay, capital del estado Aragua, a 120 kilómetros al oeste de Caracas. Allí, integrantes de colectivos armados arremetieron contra personas que bloqueaban las vías en rechazo al anuncio del Consejo Nacional Electoral sobre la reelección de Maduro.
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Hubo seis muertos y otras 18 personas heridas fueron trasladadas a diversos hospitales de la ciudad.
Una de las características del accionar de los colectivos en esta oportunidad ha sido la impunidad.
En el caso de Maracay, por ejemplo, no se ha reportado la detención de ninguna persona señalada por el ataque. Lo mismo en cuanto a las muertes reportadas en Distrito Capital.
Por ejemplo, el 29 de julio individuos en moto mataron a Jeison Bracho, de 22 años de edad, que manifestaba junto a otras personas en la autopista Caracas-La Guaira, frente al sector El Limón.
Este homicidio ocurrió a pocos metros de un puesto de la Policía Nacional. Pero los agentes no reaccionaron para detener a los perpetradores.
Según el analista político Jesús Torrealba (ex secretario general del Movimiento por la Unidad Democrática, MUD) existe complementariedad entre el accionar de los colectivos y el de las fuerzas de seguridad.
“Hemos visto en los días recientes, después de mucho tiempo sin verlo, la sincronización de la acción de esos grupos irregulares armados oficialistas con la de elementos uniformados, policiales o militares, que operarían en una suerte de coreografía”, sugirió.
Los militares y los policías no participan directamente en la agresión a civiles, pero sí brindan protección a los elementos irregulares que perpetran tales agresiones. Y eso igualmente compromete a las fuerzas del Estado”, dijo al ser entrevistado por Expediente Púbico.
Más presos politicos
Cuando se entrevistó a Torrealba, la organización Foro Penal reportaba que 1,263 personas habían sido detenidas por la conflictividad política en Venezuela.
Se cumplía así otra de las amenazas de Maduro. En días previos a la elección, el gobernante vaticinó que ocurriría un “baño de sangre” si la población no lo reelegía.
El 2 de agosto, advirtió que los apresados durante las manifestaciones serían enviados a los internados judiciales de Tocorón (Aragua) y Tocuyito (Carabobo).
Estas instalaciones fueron desalojadas en septiembre de 2023, por iniciativa del propio régimen de Miraflores. Entre ambas, podrían albergar a más de dos mil personas.
Las imputaciones más frecuentes contra los manifestantes han sido terrorismo e incitación al odio. Este último delito se instaura en Venezuela en 2017 por iniciativa de una Asamblea Constituyente impulsada por Maduro.
Según el Foro Penal, entre los privados de libertad hay 114 menores de edad, 16 personas con alguna discapacidad y 160 mujeres.
Coaching cubano
El ex secretario general de la MUD sostuvo que este ha sido el resultado de un “coaching” o asesoría del régimen cubano de Miguel Díaz Canel.
Recordó que en julio de 2021 fueron reprimidas manifestaciones espontáneas en diversas partes de esa isla, ocasionadas por el acelerado deterioro en la calidad de vida y la exigencia de respeto a los derechos fundamentales.
En esa oportunidad, más de 700 personas fueron privadas de libertad en Cuba.
“Ese expediente de capturar a elementos muy jóvenes y aplicarles penas severísimas con cargos que no eran interrupción de las vías públicas sino terrorismo y traición a la patria, eso viene de la de la represión del régimen cubano a la protesta social espontánea”, agregó.
“Creo que en Venezuela estamos en presencia de una horrenda copia de esa cultura represiva”, alertó.
Esto sucedería también con otras fórmulas aplicadas contra disidentes políticos.
Una de las más extendidas, según Torrealba, ha sido la divulgación de “confesiones propagandísticas”, en las que los detenidos son grabados admitiendo conductas ilegales, a menudo bajo el influjo de drogas.
Entre los casos más conocidos fue el del activista de Voluntad Popular, Juan Requesens (2018). Ahora, el oficialismo prepara una jugada similar.
El 1 de agosto, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, adelantó que uno de los dirigentes opositores privados de libertad, Freddy Superlano, estaba “hablando muy bien”.
En Cuba, recordó el analista, estos procedimientos son aplicados desde los ochentas del siglo pasado. En la causa llamada 89-1, el régimen de La Habana dio a conocer confesiones extraídas del general Arnaldo Ochoa y otros acusados, grabadas en video. Luego, ordenó fusilarlos.
“Allí tenemos otros rasgos de la importación de elementos de una cultura represiva que es distinta y distante a los usos y costumbres de la sociedad venezolana”, señaló.
Alerta a Corte Penal Internacional
La represión contra los manifestantes civiles en Venezuela adquirió tal magnitud que Amnistía Internacional solicitó una “acción urgente” por parte del fiscal ante la Corte Penal Internacional (CPI) Karim Khan.
Desde junio de 2021, Khan adelanta una investigación por crímenes de lesa humanidad contra el régimen de Maduro, en un expediente conocido como Venezuela 1.
