El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia formal contra el exdirector del Hospital San Felipe, Carlos Roberto Murillo Castillo, la exadministradora Belia Varela, y el exjefe de compras José Salomón, acusándolos de violación de los deberes de los funcionarios por presuntas contrataciones irregulares en 2023.
En una conferencia de prensa, Gabriela Castellanos, directora del CNA, informó que tras investigar tres procesos de contratación directa y uno de licitación privada en el Hospital San Felipe, se encontraron múltiples irregularidades.
Las acusaciones se centran en contrataciones realizadas de manera extemporánea y sin la documentación requerida, lo que, según Castellanos, constituye una violación grave a los procedimientos legales.
Castellanos criticó duramente la administración actual, afirmando que “en el Gobierno del socialismo democrático continúan con las prácticas nocivas de la narco dictadura” sugiriendo que no solo se han heredado las malas prácticas de corrupción, sino que se pretende perpetuar estos esquemas.
El jefe de la unidad de investigación del CNA, Luis Urbina, añadió que entre febrero y septiembre de 2023 se emitieron ocho facturas por un valor de 13.9 millones de lempiras para servicios supuestamente prestados al Hospital San Felipe.
Sin embargo, Urbina destacó que las facturas carecían de detalles sobre los servicios brindados, y que la resolución de dos procesos de contratación directa y una licitación privada, registrada el 18 de septiembre de 2023, fue emitida para dar una “apariencia de legalidad” a las operaciones ya realizadas.
Además, Urbina señaló inconsistencias en los formatos de fianza, garantías de calidad y cumplimiento, así como en otras documentaciones requeridas para estos procesos. Entre las irregularidades destacadas, mencionó que las ofertas presentadas estaban en blanco, sin información sobre los oferentes.
El CNA ha remitido la denuncia al Ministerio Público, solicitando que se investigue y se procese a los funcionarios implicados, considerando que estas acciones han generado un grave perjuicio al adecuado funcionamiento de la administración pública en Honduras.
