Honduras enfrenta la posibilidad de pagar hasta 15 mil millones de dólares en demandas presentadas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI). Las demandas provienen de empresas del sector energético que consideran que sus inversiones en el país han sido perjudicadas por diversas decisiones gubernamentales.
El convenio que vincula a Honduras con el CIADI está a punto de expirar el próximo 25 de agosto, lo que ha generado un debate entre las autoridades y expertos legales. Desde la Procuraduría General del Estado, se ha señalado que el CIADI es solo uno de varios mecanismos de resolución de conflictos, y que el gobierno está dispuesto a explorar otras alternativas que sean más favorables tanto para el Estado como para los inversionistas.
Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta postura. Algunos expertos, como Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, han criticado la decisión del gobierno de renunciar al CIADI. Solórzano advierte que esta medida podría agravar la situación, ya que las empresas demandantes buscarán alternativas internacionales para resolver sus conflictos antes de que finalice el plazo de seis meses que otorga el organismo tras la renuncia.
Este escenario ha generado preocupación tanto en el ámbito legal como en el económico, ya que la resolución de estas demandas podría tener un impacto significativo en las finanzas del país y en su relación con los inversores extranjeros. La situación pone de relieve la necesidad de encontrar un equilibrio entre la defensa de los intereses nacionales y el mantenimiento de un entorno favorable para la inversión.
