Tegucigalpa– Cerca de 5 mil quejas, de personas provenientes de 224 municipios del país, atendió el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), en el primer semestre del 2024, destacando entre las principales víctimas a las mujeres, según datos revelados por la Unidad de Estadísticas de este ente estatal.
Entre el 2022 y junio del 2024, suman 26,015 quejas atendidas por el Conadeh, lo que revela la dramática situación que vive el país en materia de violaciones a los derechos humanos que se ve agravada por la impunidad que rodea la mayoría de casos.
Solo en el primer semestre del 2024, el Conadeh atendió 4,851 quejas que representan un promedio de 809 mensuales o alrededor de 27 diarias.
Mujeres, las más vulnerables
De las quejas atendidas por el Conadeh, durante el semestre, al menos 1,566 se identificó como sector vulnerable a las mujeres, en 664 a los adultos mayores, en 261 a privados de libertad, en 146 a defensores de derechos humanos, en 142 a niños y adolescentes, en 59 a pueblos indígenas y afrohondureños.
También fueron víctimas de violaciones a los derechos humanos personas de la diversidad sexual, migrantes, personas con discapacidad, y personas con VIH
Amas de casa las que más denuncian
Uno de los hallazgos del informe del Conadeh, es el nivel de riesgo que enfrentan las personas de acuerdo a la profesión u ocupación que ejercen.
Ante el Conadeh acudieron personas de más de un centenar de ocupaciones y oficios, sin embargo, las amas de casa son las que más presentan quejas con 531, seguidas por los docentes y comerciantes con 271 cada uno, agricultores con 215, profesionales del derecho con 152.
En la lista de personas, que denunciaron ser víctimas de violaciones a los derechos humanos, también figuran policías, guardias de seguridad, enfermeras, médicos, periodistas, estudiantes, transportistas y jueces, entre otros.
Mayoría de hondureños se quejan por la falta de acceso a la justicia
El Conadeh registró, durante el semestre, más de un centenar de modalidades violatorias de los derechos humanos que fueron denunciadas por los propios afectados.
Al menos, 617 se quejaron por la falta de acceso a la justicia y al debido proceso, 519 por ser objeto de amenazas a muerte, otras personas denunciaron ser víctimas de desplazamiento forzado por violencia, hostigamiento físico, psicológico y sexual en su centro de trabajo, amenazas por parte de servidores públicos, despidos ilegales, tratos crueles inhumanos o degradantes.
Instituciones gubernamentales y estatales las más denunciadas
Decenas de instituciones gubernamentales y estatales fueron denunciadas por violentar los derechos humanos de la población.
Los entes encargados de la seguridad en el país figuran como los más denunciados ante el Conadeh, para el caso, 313 quejas fueron presentadas contra la Policía Nacional, 167 contra la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Al menos, 378 quejas atendió, el Conadeh, contra la Secretaría de Educación, 203 contra la Secretaria de Salud, 222 contra el Poder Judicial que incluyen cortes de apelaciones, juzgados de ejecución, de inquilinato, de familia, de la niñez, de Paz, de Letras y de Sentencia, además 145 quejas fueron presentadas contra el Ministerio Público.
Personas de 224 municipios presentaron quejas
Los 18 departamentos del país fueron escenario de denuncias por violaciones a los derechos humanos, sin embargo, el CONADEH atendió, al menos, 1,068 en Francisco Morazán, 378 en Atlántida, 366 en Olancho, 353 en Yoro, 326 en Cortés, 299 en Comayagua, 275 en Copán, 251 en Choluteca, 244 en El Paraíso y 207 en Santa Bárbara.
Otro de los hallazgos del informe, es que el Conadeh atendió quejas de personas provenientes de 224 municipios del país que representan el 75% de los 298 con que cuenta Honduras.
La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, expresó su preocupación ya que mientras persistan las violaciones a los derechos humanos será una limitante para que las personas puedan gozar de un pleno desarrollo humano.
Difícilmente se avanzará hacia la protección efectiva de los derechos humanos mientras el retardado acceso a la justicia y debido proceso legal y las afectaciones a la integridad personal persistan para los diversos grupos en situación de vulnerabilidad, concluyó.
