El fiscal jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, emitió una severa advertencia sobre las implicaciones del posible fin del Tratado de Extradición entre Honduras y Estados Unidos, vigente desde 1912. A través de un mensaje publicado en la red social X (anteriormente conocida como Twitter), Santos calificó la medida como un «retroceso» en la lucha contra el narcotráfico y la corrupción, generando una nueva ola de críticas hacia el gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
«La extradición es una muestra de solidaridad y cooperación entre los pueblos, una herramienta que en la última década ha sido efectiva en el combate a la criminalidad organizada», expresó Santos en su mensaje, destacando los beneficios que ha traído la colaboración con Estados Unidos en el desmantelamiento de redes criminales. Además, subrayó que los procesos judiciales llevados a cabo en el extranjero han generado información crucial para investigaciones locales como los «Casos Narcopolítica I y II», los cuales, según él, revelaron la profunda conexión entre el Estado hondureño y el narcotráfico.
Santos recordó que esta cooperación internacional, particularmente a través de la UFECIC-MACCIH (Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción en conjunto con la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras), permitió avanzar en casos que demostraron «ese vínculo tan perverso entre el Estado y el narcotráfico». Según el fiscal, sin el Tratado de Extradición, muchos de los avances en la investigación y persecución de estos crímenes habrían sido imposibles.
El fiscal jefe enfatizó que poner fin a este tratado sería un golpe significativo en el combate contra las estructuras criminales, en un país donde la lucha contra el narcotráfico y la corrupción sigue siendo uno de los principales desafíos. «Poner fin al Tratado de Extradición entre Estados Unidos y Honduras, vigente desde 1912 y su ampliación desde 1928, significa un retroceso en el combate al narcotráfico y la lucha contra la corrupción», afirmó Santos, dejando en claro su preocupación por las consecuencias que podría tener esta decisión.
Las declaraciones de Santos se suman a las críticas lanzadas por diversas figuras del ámbito legal y político en el país, quienes ven en la propuesta del gobierno una medida que podría estar destinada a proteger a individuos involucrados en actividades ilícitas. Este temor se ha intensificado tras la difusión de videos que vinculan a familiares de la presidenta Castro con presuntas redes de narcotráfico, así como por la falta de respuestas claras en las cadenas nacionales emitidas por el Ejecutivo.
