La Fiscalía de New York, Estados Unidos ha pedido al menos 20 años de prisión en perjuicio del exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, quien es presunto responsable de exportar miles o millones de kilogramos de cocaína al país norteamericano en alianza con el poderos cartel hondureño “Los Cachiros”.
Arnaldo Urbina Soto quien fue alcalde del departamento de Yoro, enfrenta la posibilidad de pasar al menos 20 años recluido en una cárcel de los Estados Unidos, luego de ser responsable de narcotráfico.
La Fiscalía de New York en su memorándum de sentencia, puntualizó que los crímenes realizados por Urbina Soto, no son un delito menor y tiene que pagar por ello. Esta acusación no solo realza un panorama un panorama de narcotráfico a gran escala, sino que devela un esquema en que la política de Honduras está cada vez más ligada a estos hechos.
Urbina Soto cuando ostentó el cargo de alcalde de Yoro, facilitó el paso seguro de las toneladas de cocaína a través del país, gracias a las conexiones que tenía con los capos de la droga y su cercanía con el expresidente Juan Orlando Hernández, mandatario de Honduras en ese momento, mismo que fue condenado a 45 años de prisión en EEUU.
La Fiscalía de New York dijo que el impacto de la droga es devastador en las comunidades a las que llega y dijeron, “el daño que causa una tonelada de cocaína es casi incalculable”.
De la misma manera, dijeron que Urbina Soto solo buscaba el poder político y que él y su familia acumularon riqueza a costa del sufrimiento de miles de personas, mientras que gracias a sus influencias aprovechaba a operar sin ningún tipo de limitación.
A este mismo, se le arrestó en el 2014 cuando el ya atraía demasiado la atención, lo que enojó a los aliados que tenía en ese momento y conspiraron en contra de él.
Por otro lado, Urbina pidió que se considere el tiempo que estuvo en prisión en Honduras entre 2014 y 2019 para que se le pueda reducir una condena. Pero, la Fiscalía dice que no presentó pruebas que respalden que se le imponga una cadena perpetua por debajo del mínimo de 60 meses de prisión.
“En cualquier caso, el tiempo que el acusado pasó en custodia en Honduras no justifica una sentencia significativamente inferior al rango establecido en las pautas”, finalizó la Fiscalía.
