El Fiscal General del Ministerio Público, Johel Zelaya, se pronunció este miércoles sobre varios temas clave para la justicia hondureña, destacando la necesidad de derogar el decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política o «Pacto de Impunidad». Esta ley ha beneficiado a exfuncionarios del gobierno del Poder Ciudadano (2006-2009), acusados de corrupción, algunos de los cuales cumplían condenas en la justicia hondureña.
Zelaya fue enfático en su postura sobre el tema: «Es una ley y hay que entenderlo, deróguenla y hablamos, sencillo». Esta declaración se produce en medio de una creciente controversia sobre la amnistía, la cual ha sido utilizada, según críticos, para encubrir delitos ajenos al ámbito político.
En las últimas horas, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, convocó a una reunión del pleno para este viernes. No obstante, al menos cinco magistrados le han solicitado suspender la misma, debido a los delicados temas en la agenda, que incluyen la discusión sobre las ZEDEs (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico) y la amnistía política otorgada al exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, amparado bajo una ley aprobada al inicio del gobierno de Xiomara Castro.
Asesinato de Juan López
En relación al asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el pasado fin de semana en Colón, el fiscal Zelaya manifestó su pesar por la muerte del defensor del ambiente, destacando su lucha por la vida. «Sentimos empatía. Un hombre que peleaba por la vida, por la vida de todos nosotros», expresó.
El Ministerio Público ha enviado dos fiscales adicionales para investigar el caso en la zona del Bajo Aguán, donde ocurrió el crimen. Zelaya subrayó que no se dejará llevar por presiones o acusaciones en redes sociales, después de que el padre Carlos Orellana responsabilizará al alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, por el asesinato.
«No me voy a dejar llevar por redes, ni por discursos… Vamos a llevar al verdadero criminal, sea intelectual o material, apúntenlo bien», enfatizó Zelaya, advirtiendo que no desviarán la atención y que la investigación seguirá su curso sin presiones externas.
Cuando fue cuestionado sobre las declaraciones del sacerdote Orellana, Zelaya respondió: «Si él tiene pruebas que las presente, nosotros estamos abiertos, aquí todos somos iguales ante la ley».
Exige la derogación del artículo 227 del Código Penal
El fiscal Zelaya también reiteró su llamado al Congreso Nacional para que derogue el artículo 227 del Código Penal, al cual calificó como discriminatorio. Este artículo establece condiciones específicas para que los fiscales tomen declaraciones, lo que, según Zelaya, viola la igualdad ante la ley.
«No acepto presiones, ya pueden ser sacerdotes o pastores de donde vengan las declaraciones. Sepan que vamos a llegar al fondo del asunto con el crimen de Juan López», subrayó el fiscal.
Zelaya realizó estas declaraciones tras una reunión con la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, como parte de su compromiso de mejorar el diálogo y coordinación entre las instituciones de justicia en el país.
