El fiscal general de la república, Johel Zelaya, ha anunciado la apertura de una investigación “imparcial y objetiva” a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, tras su decisión de revocar el sobreseimiento definitivo de varios defensores del ambiente de Tocoa, Colón. Esta acción incluye también la investigación del fiscal encargado del caso.
La controversia surge en un contexto en el que la justicia en Honduras ha sido cuestionada en repetidas ocasiones. La decisión de la Corte de Apelaciones afecta a Leonel George, Reynaldo Domínguez, Marco Tulio Ramos, José Adaly Cedillo y Eugenio Esquivel, todos miembros activos del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT). Sin embargo, lo que ha llamado la atención es la inclusión del nombre de Juan López, defensor ambiental recientemente asesinado el 14 de septiembre, en la lista de aquellos a quienes se revoca el sobreseimiento.
El asesinato de López ha generado un intenso debate en torno a las amenazas que enfrentan los defensores del medio ambiente en el país. Algunos sectores han intentado despolitizar el crimen, mientras que otros señalan que su muerte está directamente relacionada con sus denuncias en pro de la protección ambiental y al exigir la renuncia de Adán Funez alcalde de Tocoa y presente en un narcovideo que incluye al cuñado de la Presidenta Castro.
Este grupo de defensores había recibido el sobreseimiento definitivo el 22 de octubre de 2022, gracias a una resolución de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, las cartas de libertad que debían recibir nunca fueron entregadas.
Es importante destacar que Eugenio Esquivel, quien también había sido criminalizado en la misma causa, no forma parte de este grupo, dado que su sobreseimiento fue ratificado en 2020.
La situación continúa evolucionando y la comunidad nacional e internacional permanece atenta a los desarrollos en este caso que pone de manifiesto los desafíos que enfrenta la justicia en Honduras.
