El Ministerio Público de Honduras, a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), ha presentado un requerimiento fiscal en contra de varios exfuncionarios del Gobierno (2018-2022) por presuntos actos de corrupción relacionados con la compra de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. La adquisición de estos equipos habría ocasionado un perjuicio de más de 63 millones de lempiras (L 63,839,377.80) a la población hondureña, ya que los ventiladores fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su funcionamiento adecuado.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los exfuncionarios se habrían aprovechado de la emergencia sanitaria para manipular el proceso de adquisición de los ventiladores. Según los fiscales, las irregularidades incluyen la realización de transferencias bancarias sin la documentación requerida y la omisión de un proceso formal de recepción de los equipos mediante actas de entrega.
El caso ha generado indignación debido a que los ventiladores, que debían estar disponibles para atender a los pacientes afectados por el COVID-19, nunca pudieron ser utilizados y permanecen almacenados en bodegas hospitalarias. Mientras el país enfrentaba una crisis sanitaria sin precedentes, con hospitales desbordados y miles de personas perdiendo la vida, los equipos destinados a salvar vidas resultaron inservibles.
El Ministerio Público ha señalado que continuará con las investigaciones para establecer responsabilidades y garantizar que se haga justicia en este caso, que ha afectado gravemente la confianza de la población en la gestión de recursos públicos durante la pandemia.
