La Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), bajo la dirección de Marcos Zelaya, atraviesa una situación financiera crítica debido a embargos que suman 90 millones de lempiras. En declaraciones recientes, Zelaya explicó que estos embargos son el resultado de la mala administración de gestiones anteriores, en las cuales se habrían cometido negligencias y posible colusión con profesionales del derecho y operadores de justicia.
“Estamos tratando de sanear todas las finanzas de la OABI”, señaló Zelaya, quien informó que la institución ya ha presentado las denuncias correspondientes. Se espera la respuesta de las autoridades judiciales, incluida la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Obando, y del fiscal general, Johel Antonio Zelaya. Ambos, junto al fiscal general adjunto, Marcio Cabañas, están trabajando de manera conjunta para revertir los embargos y lograr la recuperación de los fondos saqueados.
Embargos y demandas en curso
Zelaya precisó que, además de los embargos, la OABI enfrenta demandas de grandes sumas, algunas de las cuales ascienden a 47 millones de lempiras. “Nosotros estamos tomando cartas sobre el asunto, presentando las denuncias, y a la espera de que las autoridades realicen los procesos de investigación y presenten las acusaciones correspondientes”, indicó el director. Según Zelaya, las demandas fueron interpuestas debido a la falta de voluntad de las gestiones anteriores para defender adecuadamente los intereses del Estado.
El director fue enfático en señalar que los responsables de la mala administración y de los embargos deben rendir cuentas. “Lamentablemente, estas demandas buscan delapidar los fondos del Estado, pero será la justicia la que determine el curso de estas acciones legales”, añadió.
Recursos embargados y falta de presupuesto
La situación financiera de la OABI se ha visto agravada por el embargo de su cuenta única, lo que ha dificultado el funcionamiento de la institución durante casi tres años. Aunque el Ministerio de Finanzas ha ofrecido apoyo, el acceso a estos recursos se ha visto limitado por las demandas en curso. «Estamos buscando maneras alternas dentro del marco de la ley para poder funcionar de la mejor manera«, afirmó Zelaya.
Con el respaldo de las autoridades judiciales y fiscales, la OABI espera superar estos obstáculos y continuar con su misión de administrar los bienes incautados de manera eficiente, en beneficio del Estado hondureño.
