En un acto más de impunidad y de alianza bilateral entre el Partido Libre y el Partido Liberal y con una votación de 10 contra cinco en contra del Partido Nacional, se ratificó este miércoles el decreto de amnistía que también es conocido como el “Pacto de Impunidad”, el cual ya ha perdonado millonarios delitos a “perseguidos políticos” EN SU MAYORÍA DEL Gobierno del “Poder Ciudadano” que dirigió el ahora coordinador del Partido Libertad y Refundación, Manuel Zelaya Rosales.
Según lo establece el decreto 4-2022 correspondiente a la Ley de Amnistía Política conocido también como Pacto de Impunidad, cuyo único fin era otorgar una amnistía política a los presis políticos del Golpe de Estado de 2009, que ha beneficiado a exfuncionarios del Gobierno del “comandante” sentenciados por delitos de corrupción según lo establece la misma normativa que ya ha beneficiado a varios políticos.
Entre los delitos que pueden amnistiarse según dicho decreto, destacan; falsificación de documentos en general, fraude, robo, violación de los deberes de los funcionarios, terrorismo, daños, malversación de caudales públicos, abuso de autoridad, incendio y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.
Entre los casos más emblemáticos que han sido favorecidos, están el del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, a quien el Ministerio Público condenó en 2017 por enriquecimiento ilícito, abuso de autoridad y fraude. Luego de no poder justificar L16 millones que obtuvo siendo funcionario público en aquel entonces.
Otro de los casos emblemáticos señala a Enrique Flores Lanza, acusado de delitos de corrupción mientras se desempeñó como funcionario de la presidencia y fue judicializado por delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el Ministerio Público responsabilizándose de extraer 40 millones de lempiras (U$1.624.476 dólares), de las bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), para llevar a cabo el proyecto de consulta popular conocido como Cuarta Urna.
Asimismo, en el 2018 la Sala IV del Tribunal de Sentencia, condenó al actual diputado del partido Libertad y Refundación, Rasel Tomé quien también fue presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en el periodo 2006 al 2008 en el gobierno de Zelaya Rosales y que fue acusado por el delito de abuso de autoridad y se le impuso una pena de tres años, pero no fue a prisión. Tomé solamente pagó una multa de 10,950 lempiras (447.30 dólares).
Por último y no menos importante, resalta el caso del exalcalde sampedrano, Rodolfo Padilla Sunseri a quien se acusaba por 87 delitos de abuso de autoridad y uno por malversación de caudales públicos al otorgar préstamos durante su gestión como alcalde (2006-2009), a empleados municipales, sin que estos tuvieran la autorización.
