Este miércoles se cumplen 1,000 días, con la promesa incumplida de la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (CICIH), o si lo quiere ver de otra forma, el país llega a 2 años, 8 meses y 28 días, esperando la CICIH, entre escepticismo y apenas un destello de esperanza a punto de desfallecer.
Este día se recuerda que la presidenta Xiomara Castro, prometió la instalación de la Comisión Internacional Contra la Corrupción rn Impunidad en Honduras (CICIH), desde la toma de posesión ya que fue una de las banderas de su campaña. Sin embargo, a pesar de la expectativa generada, el organismo internacional sigue sin materializarse 142.85 semanas después.
También se remarca que la CICIH fue anunciada como una herramienta clave para combatir la corrupción estructural que ha aquejado al país durante décadas, similar a lo que fue la CICIG en Guatemala. El compromiso de traer una comisión internacional generó un ambiente de esperanza en aquellos sectores que ven la corrupción como uno de los principales problemas de Honduras. Sin embargo, los retrasos, la falta de voluntad política y los trabajos burocráticos han postergado su llegada.
De borrador en borrador
Tras el fin de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en 2020, el debate sobre la creación de un nuevo organismo internacional continuó, tomando relevancia y en las elecciones de 2021, el partido Libertad y Refundación (LIBRE), liderado por Xiomara Castro, incluyó en su plan de gobierno la promesa de instalar la CICIH, que es un clamor ciudadano. Una vez Castro asumió la presidencia y pese a una crisis política inicial en el Congreso Nacional, la propuesta avanzó con la aprobación del Decreto Legislativo número 4-2022, de apoyo a la CICIH con el respaldo de la ONU.
El primer borrador de Convenio fue entregado el 18 de septiembre del año 2023, y aunque el tema se mantuvo vigente no se registraron los avances esperados y un año después el 24 de septiembre de 2024, en Nueva York durante una reunión privada con el secretario general de la ONU, António Guterres, incorpora las observaciones de ambas partes durante las negociaciones iniciadas con el primer borrador en septiembre de 2023 y la presidenta, Xiomara Castro, entregó un segundo borrador de convenio para la instalación de la CICIH.
En esta segunda entrega la Cancillería detalló que en el documento se incluyó un nuevo concepto jurídico de acusador privado, el cual deriva del proyecto presentado ante el Congreso Nacional por la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre), Xiomara Hortensia Zelaya Castro.
Aunque la expectativa era más amplia, la comunicación fue escueta y nuevamente, se mantiene una especie de letargo en el proceso de la instalación de la CICIH, misión que para muchos ya no vendrá.
Tropiezos y propuestas fallidas
Pese a que la información no ha sido clara debido a la confidencialidad declarada según el Gobierno por petición de la ONU, misma que se mantiene a la fecha pese a promesas de mayor transparencia, desde el memorándum de entendimiento, firmado en diciembre de 2022 por la Organización de Naciones Unidas y el Gobierno de Honduras, se establecieron dos fases de trabajo y una hoja de ruta en la que se incluye varios requisitos entre estos la aprobación, reforma y derogación de algunas leyes. Todavía ambas fases permanecen inconclusas.
Entre algunas de las recomendaciones que se logró conocer desde la primera fase fue la aprobación de una Ley de Colaboración Eficaz, la derogación del decreto 117-2019 que otorga inmunidad a diputados. También modificaciones al Código Penal en los delitos contra la administración pública y las reformas al Código Procesal Penal, entre otros.
Querellante autónomo o adhesivo
La Ley Especial para la Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (CICIH), traza que el mecanismo sea constituido bajo la figura del querellante autónomo, para que la misión sea independiente y con capacidad.
Este punto también se ha empantanado en el Congreso Nacional esa posibilidad ya que hay dos iniciativas que no avanzan por falta de consenso por una parte está la iniciativa de la diputada del oficialista Partido Libertad y Refundación (Libre) Xiomara Hortensia Zelaya, requiere de una reforma constitucional que debe ser aprobada con 86 votos y ser ratificada en una siguiente legislatura.
Por otra parte, está el proyecto de la figura de querellante adhesivo, proyecto presentado por la congresista del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, que requiere de una mayoría simple, es decir, 65 votos y no necesita ratificación en otra legislatura.
En ese sentido, muchos analistas sugieren que la CICIH debe funcionar como querellante adhesivo y trabajar en conjunto con el Ministerio Público; pero lo más importante es que al final de cualquier reforma se garantice que el mecanismo anticorrupción sea independiente e imparcial.
La CICIH es la promesa estrella del actual gobierno.
A toda la parte legal y la falta de claridad en la información se suman hechos que son considerados de mucha fuerza, para detener la llegada de la CICIH.
Analistas consultados sugieren que lejos de aclararse el camino para la venida del mecanismo anticorrupción, el panorama se torna oscuro con acontecimientos que se han dado en los últimos meses, entre estos destacan el narco video que involucra personajes cercanos a la pareja presidencial, ya que con este tipo de escándalos no les es conveniente que venga la CICIH, a investigarles a ellos mismos.
Otro punto que parece aún más grave es la posterior medida tomada por el Ejecutivo, luego de conocerse el narcovideo, y fue precisamente la denuncia del Tratado de Extradición con Estados Unidos, lo que deja claro según distintos sectores de la opinión pública que el gobierno de turno actúa igual que los del pasado, protegiendo sus propios intereses.
A esos hechos se suma el fallo reciente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en el que declaró constitucional la Amnistía Política, según entrevistados de sociedad civil y del sector político de oposición estos hechos no son más que una lápida para la llegada de la CICIH.
No hay voluntad política
La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH), Fátima Mena, en entrevista con Proceso Digital, dijo que “llegar a los 1,000 días sin que en Honduras tengamos un mecanismo internacional de lucha contra la impunidad y la corrupción que sea independiente, autónomo e Imparcial significa que no hay voluntad política real por parte del actual gobierno de traer un mecanismo que venga a desarticular las redes de corrupción que han venido operando en el país”.
En su declaración, Mena subrayó la necesidad de aprobar la Ley De Colaboración Eficaz, que se encuentra en el tercer debate en el Congreso Nacional, y la importancia de reformar el Código Penal para fortalecer las sanciones contra los delitos que afectan la administración pública. Además, señaló que la propuesta presentada por Xiomara Zelaya, hija de la presidenta, plantea un mecanismo que sigue siendo dependiente del fiscal general, lo que limita su independencia real.
Asimismo, apuntó que la demanda ciudadana debe ser clara y es necesario que la presidenta Xiomara Castro haga público el documento que las Naciones Unidas entregaron al gobierno en diciembre de 2023; porque sin transparencia, no habrá un avance significativo en la lucha contra la corrupción.
Mena también expresó su preocupación por la reciente denuncia del tratado de extradición, que consideró un fuerte obstáculo que se suma como una traba para que venga la CICIH. «Para mí, lo más grave es que la denuncia del tratado de extradición también impactaría en los casos de corrupción», advirtió.
Finalmente, la diputada instó a la ciudadanía a ejercer más presión sobre el gobierno, asegurando que ningún mecanismo anticorrupción podrá implementarse si la población no lo exige con urgencia. «Lo que ha faltado en este proceso es la demanda ciudadana para que se sienta la necesidad y el respaldo popular para que estas reformas sean una realidad», concluyó Mena.
Para el diputado del Partido Liberal Yavhé Sabillón, se acabó el optimismo, y es del criterio que ya no va a venir la CICIH a Honduras, no hay voluntad política, aunque dejó claro que no toda la culpa es del gobierno porque hay otros sectores que piden la misión solo del diente al labio, temas como la amnistía y la denuncia del tratado de extradición y la falta de otras reformas esperadas, se le puso la lápida a la CICIH.
Por su parte la miembro de Articulación Ciudadana, Gabriela Blen, lamentó que se llegue a 1,000 días, sin una CICIH, en Honduras, y atribuyó el retraso a que no hay voluntad política del actual gobierno, porque igual que gobiernos que antes criticaban están haciendo lo mismo al proteger sus intereses.
Según la representante de sociedad civil tras la filtración del narcovideo es un escándalo que evidencia lo que muchos hondureños y la comunidad internacional ya sospechaban que la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Honduras (CICIH) es solo una «moneda de cambio» para mantener la ilusión de que, en algún momento, se combatirá la corrupción, mientras no hay esfuerzos reales para ese propósito.
Blen fue más allá y dijo ya no hay voluntad porque el gobierno más bien teme la llegada de la CICIH porque, de establecerse en el país, las investigaciones comenzarían con el gobierno actual.
La analista también hizo énfasis en la falta de independencia del Ministerio Público, destacando que el fiscal general fue nombrado por el gobierno y tiene lazos familiares con Rixi Moncada, la candidata oficialista. Según Blen, esto deja claro que no habrá investigaciones ni acciones judiciales contra la cúpula del poder. «Es obvio que no van a seguir investigaciones en contra de sus propios intereses”, y por ello no les conviene la CICIH, afirmó.
«Hay quienes todavía creen en la promesa, pero cada vez son menos. El Partido Libre prometió un cambio que apoyamos porque estábamos hartos de una narco-dictadura, pero ahora se comportan igual que los gobiernos anteriores», lamentó.
Analistas de distintos sectores y organizaciones de la sociedad civil han señalado que la falta de avances en este tema ha debilitado la autoridad del gobierno de Castro, que ha sido criticado por no priorizar lo suficiente la lucha contra la corrupción y por el contrario ha dado muestras de defender sus propios intereses. Mientras tanto, la situación económica, social y política del país continúa deteriorándose, agravada por la percepción de impunidad y corrupción en las altas esferas del poder.
