Las raíces que el narcotráfico sembró en la política de Honduras a inicios del siglo XXI han alcanzado una profundidad que hasta ahora sigue afectando a figuras influyentes. Si bien el expresidente Juan Orlando Hernández, del Partido Nacional, ha sido el protagonista principal al ser condenado por tráfico de drogas en Estados Unidos en marzo de este año, otras figuras de alto perfil de distintos partidos han sido señaladas por vínculos con el narcotráfico en documentos judiciales y testimonios en cortes estadounidenses.
Entre estos nombres aparecen los hermanos Zelaya, Manuel y Carlos, exmandatario y exvicepresidente del Legislativo, respectivamente. Manuel Zelaya, esposo de la actual presidenta Xiomara Castro, y su hermano Carlos se han visto implicados en múltiples acusaciones y testimonios que detallan sus posibles nexos con el narcotráfico.
Recientemente, en el caso del exdiputado Midence Oquelí Martínez Turcios, quien reconoció su culpabilidad en una corte de Nueva York, se ha mencionado su cercanía con los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, líderes de la banda Los Cachiros. Los fiscales estadounidenses han acusado a Martínez Turcios de conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos y de estar implicado en al menos seis asesinatos vinculados al narcotráfico.
El caso de Martínez Turcios ejemplifica el entramado entre el poder político y el narcotráfico, una relación que incluye sobornos, presiones políticas y actos de violencia, según los fiscales norteamericanos. En el juicio contra Juan Orlando Hernández, Devis Leonel Rivera Maradiaga confirmó en su testimonio que él y su organización, Los Cachiros, pagaron sobornos a políticos de diferentes partidos para mantener su control sobre el tráfico de drogas en el país.
Las acusaciones también señalan que durante su mandato, Manuel Zelaya fue presionado para nombrar a Martínez Turcios como ministro de seguridad, lo que habría sido parte de la estrategia de Los Cachiros para ganar influencia en el gobierno. En un cable diplomático filtrado por Wikileaks, el exembajador estadounidense en Honduras, Charles E. Ford, señaló la preocupación de Washington sobre la cercanía de Zelaya con personas vinculadas al crimen organizado y su incapacidad para nombrar funcionarios de seguridad independientes.
Aunque la historia del narcoestado hondureño se vio expuesta en el juicio de Hernández, aún quedan pendientes nuevos capítulos. La reciente solicitud de la fiscalía en Nueva York para posponer la audiencia de sentencia de Martínez Turcios hasta marzo de 2025 apunta a que más evidencia podría salir a la luz en los próximos meses, aportando detalles sobre la relación entre el narcotráfico y el poder político en Honduras.
La conexión entre la clase política y las redes de narcotráfico en Honduras parece remontarse a la época de reconstrucción posterior al huracán Mitch, cuando organizaciones de contrabando se transformaron en potentes redes de tráfico de drogas, contando con la colaboración de figuras políticas clave. Este vínculo entre crimen y política ha desdibujado las líneas de la ley y el orden en el país, permitiendo la consolidación de un narcoestado que afecta todas las capas de la sociedad hondureña.
