En Honduras, ahora los refundacionales marxistas del Partido Libre nos quieren hacer creer que el sistema de Administración de Justicia está desempeñando un papel mucho más efectivo para consolidar el Estado de Derecho, sin embargo, la verdad es otra.
Lo que hacen realmente, es convertir este sistema en un instrumento clave para amedrentar a los políticos democráticos que se oponen al régimen dictatorial socialista que pretenden instaurar. Con mucha sagacidad política los marxistas refundacionales, buscan demostrar el cumplimiento de normas requeridas para crear confianza en la sociedad en relación con el ordenamiento jurídico, pero ocultan maliciosamente, el interés político que tienen en afectar políticos opositores que no comulgan la causa ideológica del Partido Libre.
El Sistema de Administración de Justicia hondureño no está funcionando para consolidar el Estado de Derecho y no constituye el pilar sobre el cual, se construye la confianza en nuestra sociedad, en la que el cumplimiento de las normas que integran su ordenamiento jurídico, ha sido politizado. En vez de establecer mecanismos eficaces para solucionar controversias, mas bien ejecutan sanciones planeadas, para aplicar la opresión judicial a quienes se atrevan a oponerse a las ilegalidades en contra de los derechos ciudadanos o a los considerados enemigos políticos del régimen autoritario socialista.
La función de administrar justicia recae en funcionarios que ejercen a través de los Tribunales y Juzgados las instrucciones, no de acuerdo a la constitución, pero si siguiendo las que dicta la cúpula política que dirige al Partido Libre. La realidad es que la ciudadanía en general, soporta en nuestro país, un sistema de Administración de la Corrupción. A los socialistas refundacionales “les vale un comino” que se produzca el enfrentamiento entre la ética y la corrupción. Al evitar que surjan personalidades adecuadas y de comprobada honestidad que puedan arbitrar adecuadamente este conflicto.
Los que dirigen el poder de Estado, es decir los dirigentes del Partido Libre, tienden a pasar desapercibido lo ético, pero toleran la presencia de la corrupción en las relaciones funcionales de los poderes del Estado, dado que es así como facilitan un desequilibrio moral, muy conveniente para sostener el poder que tienen. Son tolerantes con ellos mismos porque les conviene serlo, pero malignos con los ciudadanos cuya personalidad consideran, es disruptiva para las condiciones que pretenden instaurar.
No conozco con meridiana claridad los factores que determinan la malignidad judicial, pero si podemos observar algunas condiciones propiciadoras como lo son la politización, el nepotismo, la corrupción, el estado jurídico de excepción, el autoritarismo. Tales desviaciones político ideológicas que tiene el sistema de dominación socialista hondureño, favorece la existencia de un ambiente jurídico-institucional en la gobernanza del país, que la hace defectuosa, perversa o maligna y contraproducente para lograr el desarrollo nacional.
Es tal la intromisión del Partido Libre en el poder judicial, que la designación de cualquier actor importante para tomar el control del caso que corresponda, obedece a los intereses particulares que plantea dicho partido político; con lo cual, se protegen ante cualquier amenaza judicial que pudiese plantearse en contra de ellos. Por ejemplo, la impunidad, que se entiende como la falta de sanciones a las transgresiones que hacen o han hecho militantes de ese partido, son desatendidas porque se ha perdido la identidad con los principios éticos y morales como criterios para una acción judicial.
En fin, en Honduras la malignidad judicial ha alcanzado una situación de tolerancia corrupta al punto que, a los funcionarios y militantes del Partido Libre, se les protege en la aplicación de la justicia actualmente.
