La refundación prometida por el Partido Libre durante la campaña electoral de Xiomara Castro y en la que lograron obtener el triunfo, levantó esperanzas en los sectores sociales, particularmente, en aquellos considerados históricamente excluidos. Sin embargo, lo que prometieron no lo han cumplido y se valora una refundación, ya en sus días finales, refundida tal como lo expresa el dicho popular: “no hay tal refundación sino una refundición”. Frustraron las expectativas populares porque el gobierno refundacional de “doble cabeza”, más bien ha profundizador la brecha de la desigualdad social y puesto en práctica una demagogia política, que refleja una realidad gubernamental mentirosa y alejada del enfoque refundacional prometido. La lucha contra la corrupción y la impunidad se incumplió; pues, la instalación de la sonada Comisión Internacional contra la impunidad en Honduras (CICIH) con apoyo de la ONU, brilla por su ausencia. Pero, en su lugar, la corrupción existe en varios niveles del gobierno, el nepotismo se intensifica y el mal manejo de los fondos públicos, avergüenzan la gobernanza castromelista. Tampoco han logrado reducir el costo de vida. Por el contrario, mientras que el ingreso medio mensual de los hondureños en junio de 2024 ronda los 4,246 lempiras, la canasta básica de alimentos alcanza un costo de 12,249 lempiras para un hogar de cinco personas, experimentando un aumento en comparación con años anteriores (Statista, 2025).
No crean fuentes de empleo porque no diseñaron una política clara para generarlos y tampoco una estrategia para darle apoyo efectivo a las MYPIMES. Por consiguiente, el desempleo y el subempleo son altos. Lo que causa que muchos jóvenes emigren debido a la falta de oportunidades para quedarse en Honduras. Por otra parte, han incumplido al no mejorar la infraestructura escolar, garantizar medicamentos y establecer un estado digno para el desenvolvimiento hospitalario. Los centros de salud por su parte, están desabastecidos y las escuelas públicas sobreviven es condiciones precarias. De ahí que se intensifican las huelgas de médicos y de docentes reflejando el malestar del sector. La seguridad ciudadana y el control del crimen organizado no logran instituirlo con efectividad y sostenibilidad, no obstante haber puesto el estado de excepción y la militarización interna, los homicidios y la extorsión tienden a aumentar su presencia. En el 2023, se reportaron 3035 homicidios, que equivale a una tasa de 31 por cada 100.000 habitantes (Human Rights Watch). Mientras que en El Salvador ese mismo año registró 154 homicidios, resultando en una tasa de 2.4 homicidios por cada 100,000 habitantes, la cifra más baja en la historia moderna de este país (Voz de América). A los pueblos indígenas, si bien le subsidian ingresos a una parte de la población, aun no les garantizan los derechos territoriales. Las comunidades siguen sufriendo el despojo de sus tierras y la criminalización. El Estado refundacional es indiferente o cómplice en muchos de estos casos. La promesa de gobernar con el pueblo organizado se convirtió en una cantaleta toxica, porque las decisiones, las toma en los nichos del castromelismo, ignorando a movimientos sociales y organizaciones que respaldaron el proyecto refundacional. La independencia judicial y su fortalecimiento institucional es otra promesa incumplida, pero su instrumentalización política, es el proceso gubernativo aplicado, debilitando la credibilidad del sistema judicial.
Concluyendo, el partido Libre y su gobierno castromelista, prometieron un cambio hacia un socialismo democrático que no han logrado ni siquiera empezar a cimentarlo. Pero, sí repitieron y aumentaron los mismos vicios del pasado: clientelismo, concentración de poder, nepotismo caudillista, degeneración de la democracia, promesas incumplidas, exaltación y fanatismo al jefe político, propiciando, en consecuencia, una desconexión con las necesidades reales de la mayoría ciudadana, que hoy por hoy, sufre frustración social que les puede hacer perder las elecciones generales inminentes en noviembre 2025.
