En medio del ruido político y la fragmentación institucional que hoy tiñe a América Latina, emergen propuestas que, lejos de enarbolar banderas ideológicas, buscan restaurar el núcleo más olvidado de los derechos humanos: la dignidad de pertenecer, de quedarse, de ser reconocido. Así nace el proyecto Residencia por la Dignidad, impulsado por María Elvira Zalazar, una voz que no grita, pero transforma.
Este proyecto no busca reinventar el derecho migratorio ni desafiar los marcos legales existentes. Lo que propone es más audaz: dotar de humanidad al Estado al reconocer, en sus políticas migratorias, el rostro del arraigo, la pertenencia y el esfuerzo honesto. Porque sí, vivir en un territorio no es solo cuestión de papeles; es también cuestión de vínculos.
¿Qué plantea exactamente «Residencia por la Dignidad»?
En términos concretos, la iniciativa propone que las personas extranjeras que hayan vivido de forma prolongada, honrada y sin antecedentes en un país, tengan el derecho de solicitar la residencia legal por razones de arraigo humanitario, sin necesidad de vínculos sanguíneos o laborales tradicionales. La base: la dignidad no se condiciona, se reconoce.
Zalazar parte de un principio ético y constitucional: nadie que haya contribuido al tejido social de una nación debe vivir en la sombra jurídica. Esta propuesta, que ha sido presentada en distintos espacios de incidencia ciudadana y jurídica, rompe con la mirada utilitarista del migrante como mano de obra y lo redefine como sujeto de derechos, deberes y comunidad.
El derecho a permanecer como expresión de dignidad significa que los sistemas migratorios han oscilado históricamente entre el control y la permisividad, olvidando que en el centro hay personas, historias, niños escolarizados, vecinos integrados, contribuyentes silenciosos. ¿Cómo justificar, desde un enfoque de derechos, la expulsión o irregularización de alguien cuya única «falta» ha sido quedarse?
«Residencia por la Dignidad» nos obliga a responder esa pregunta desde otro lugar: el de la ética jurídica y el humanismo constitucional. Si la dignidad es el valor rector de los derechos humanos, entonces, la residencia no puede seguir siendo un privilegio reservado a criterios fríos, sino una posibilidad justa cuando hay arraigo, aporte y conducta respetuosa.
Una propuesta que interpela, no que divide, a diferencia de los discursos que polarizan el tema migratorio, esta iniciativa no niega el deber del Estado de ordenar y controlar sus fronteras, ni el de los ciudadanos de cumplir las leyes. Pero sí denuncia que el orden no puede estar por encima de la dignidad, ni la seguridad sobre la justicia social. La regularización por dignidad no es una concesión: es una forma moderna de ejercer soberanía con rostro humano.
Regular no es claudicar, es dignificar, no hay justicia posible sin humanidad. Y no hay humanidad sin reconocimiento. «Residencia por la Dignidad» es una propuesta valiente y necesaria que recuerda al Estado su deber de ser justo, no solo legal, y a la ciudadanía, su responsabilidad de mirar al otro como igual y cumplir con sus deberes ciudadanos.
Otros proyectos similares como Arraigo Social en España y el enfoque de integración humanista en Argentina, buscan articular el reconocimiento jurídico del arraigo con la dignidad humana, los tres modelos analizados reconocen el arraigo y la conducta ética como bases legítimas para la regularización. Estados Unidos adopta un enfoque más contractual y restrictivo, mientras que España y Argentina priorizan la inserción social. Este contraste demuestra que regularizar no es un acto de indulgencia, sino una política legítima, racional y anclada en los derechos humanos.
Educación, legalidad y responsabilidad: el trípode necesario, desde Human Rights Empowerment defendemos que toda política pública que busque transformar realidades debe sostenerse sobre tres pilares: educación ciudadana, marco legal claro y responsabilidad compartida. El proyecto de María Elvira Zalazar cumple con los tres. Educa sobre el valor del arraigo, propone vías legales viables y exige a los beneficiarios conductas éticas. La legalización por arraigo no es incompatible con la seguridad ni con la institucionalidad; es una vía para fortalecerlas.
